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Economía

San Juan, en el fondo del mapa: produce riqueza pero no la retiene

San Juan produce más riqueza por habitante que buena parte del interior, pero retiene fiscalmente casi lo mismo que las provincias más postergadas del país.

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Un gráfico que publicado esta semana Argentina En Datos puso números a algo que en San Juan se siente todos los meses: la provincia genera riqueza, pero casi no tiene margen para decidir qué hacer con ella.

El gráfico cruza dos variables: el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita, que mide cuánta riqueza produce cada provincia por habitante y porcentaje de lo que gasta cada Estado provincial sale de su propia recaudación, sin depender de lo que llega desde Nación. Cuanto más arriba y más a la derecha aparece una provincia, más rica y más autónoma es.

CABA ocupa el extremo opuesto a todas: un PBG per cápita cercano a los $38.000 y una autonomía fiscal del 88%. Uno de los comentarios al pie de la publicación original lo matiza: esa riqueza incluye el trabajo de miles de personas que viven en el conurbano pero producen valor dentro de la Ciudad, y el de empresas que fijan domicilio fiscal en CABA aunque produzcan en el interior. No es solo esfuerzo propio. Es también una ventaja de diseño institucional.

San Juan aparece en el extremo contrario, con un matiz que el gráfico deja ver si uno mira con atención. La provincia tiene un PBG per cápita de entre $19.000 y $20.000, más alto que el de Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Río Negro, Chaco o Corrientes. Su autonomía fiscal es de apenas 16% a 18%, un nivel similar al de Catamarca, Chaco o Santiago del Estero, provincias con un PBG per cápita bastante más bajo. San Juan produce más riqueza por habitante que buena parte del interior, pero retiene fiscalmente casi lo mismo que las provincias más postergadas del país.

La explicación está en la estructura minera de esa riqueza. El PBG sanjuanino crece por la actividad extractiva, pero el esquema de regalías y exenciones impositivas que rige los grandes proyectos limita cuánto de esa producción se convierte en recaudación propia. Es el mismo mecanismo, a menor escala, que explica por qué Neuquén, con Vaca Muerta, tiene un PBG altísimo (cerca de $29.000) pero una autonomía fiscal de 55%, bastante menor a la que le correspondería a una provincia tan rica en términos de producto.

El proyecto Vicuña ilustra el problema. El acuerdo que San Juan firmó con la minera incluyó una cesión de soberanía sobre parte del territorio y condiciones de regalías que generaron objeciones cruzadas. El diputado provincial Mario Herrero, de San Juan Vuelve, calificó el convenio durante el debate legislativo: “Una suma de ilegalidades que lo tiñen de inconstitucional.” Un economista consultado fue más mesurado pero igual de contundente: “La minería en San Juan es una oportunidad que puede fomentar el desarrollo, pero es fundamental discutir con qué leyes. Si es con este tipo de acuerdo no nos va a ir bien.” El conflicto no quedó solo en San Juan. En abril de 2026, un fallo judicial de La Rioja escaló la disputa interprovincial en torno al proyecto, en lo que se describió como una escalada sin precedentes que pone en jaque el cronograma de construcción.

La conflictividad social en torno a la minería en San Juan no es nueva ni marginal. Un estudio académico la describe como uno de los principales epicentros de los conflictos socio-ambientales ligados a la actividad minera, particularmente por la relación entre el agua y los cercamientos hídricos que genera la megaminería metalífera. Asambleas como “Agüita para San Juan” se organizan desde hace quince años, desde el desembarco de las primeras multinacionales en la provincia.

Un informe de opinión pública de 2026 realizado en el Gran San Juan matiza el cuadro. La sociedad sanjuanina está dividida casi en partes iguales entre quienes aprueban y quienes rechazan la actividad minera. Un 64% de los consultados rechaza la acción directa como forma de protesta, frente a un 36% que la aprueba. El propio informe concluye que San Juan transita una “licencia social en equilibrio inestable”: existe malestar, pero la mayoría prefiere las vías institucionales antes que el conflicto abierto.

Catamarca enfrenta el mismo patrón. Un informe de octubre de 2026 describe cómo la acumulación de reclamos sin atender profundiza la conflictividad social en los valles y la Puna catamarqueña, con el Ministerio de Minería provincial señalado por la ausencia de diálogo fluido con los vecinos. San Juan y Catamarca comparten destino en el gráfico de Fundar y comparten, también, el mismo tipo de tensión social no resuelta.

La comparación con el resto de Cuyo profundiza la paradoja. Mendoza, con una matriz productiva diversificada entre agroindustria, vitivinicultura y servicios, tiene menor PBG per cápita que San Juan pero mayor autonomía fiscal, cercana al 35%. San Luis está en una posición intermedia. San Juan es la provincia cuyana con mayor riqueza relativa por habitante y, al mismo tiempo, la de menor capacidad de decidir sobre esa riqueza.

El riesgo de fondo no es solo fiscal. La provincia depende cada vez más de un sector, la minería, cuyo beneficio económico no termina de convertirse en autonomía institucional, mientras acumula el tipo de tensión social que ya se vio en Catamarca, en La Rioja y en los conflictos interprovinciales del propio proyecto Vicuña. San Juan puede terminar en el peor de los dos mundos: con la conflictividad ambiental de una provincia extractiva y sin la autonomía fiscal que, en teoría, esa riqueza debería generar.

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