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Opinión

La tregua duró lo que el papamóvil tardó en cruzar la frontera

La tregua terminó el mismo día que el Papa se fue. Al día siguiente, los jubilados volvieron a la calle y el Estado volvió a montar su aparato represivo. Las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario siguen sin cumplirse. El

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Mientras León XIV aterrizaba en Lima, la Gendarmería ya estaba apostada en Av. Rivadavia al costado del Congreso. Camiones hidrantes, Policía Federal, triple cordón de seguridad. Los jubilados llegaban como cada miércoles, a reclamar haberes que no cubren los remedios. El operativo triplicó en número a los manifestantes. Eso ocurría mientras la Casa Rosada todavía procesaba la visita papal.

El desfinanciamiento no es un accidente de gestión. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, promulgada de manera forzosa con dos tercios de ambas cámaras, y luego suspendida por decreto mientras el Gobierno pedía que el propio Congreso definiera cómo financiarla. La Justicia declaró esa suspensión inconstitucional en diciembre de 2025. El Ejecutivo reglamentó la ley en febrero de 2026 bajo presión judicial, pero trasladó parte del costo a las provincias: cada una debe firmar un convenio de adhesión y aportar recursos propios. Las que no pueden o no quieren, dejan la ley vigente en el papel y vacía en el territorio. En junio de 2026, organizaciones de todo el país seguían reclamando en banderazos federales su cumplimiento pleno. El Presupuesto 2027 introduce nuevas modificaciones que la afectan. Es el tercer intento del Ejecutivo por desactivarla.

La universidad pública corre la misma suerte. La Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, pero el Gobierno la promulgó y de inmediato suspendió su ejecución por decreto, argumentando que no especificaba las fuentes de financiamiento. La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar los artículos que exigen paritarias trimestrales y ajuste por inflación. El Gobierno incumple. La causa sigue en etapa de ejecución con posibles astreintes por desobediencia judicial. Entre 2023 y 2025 el gasto real destinado a la educación superior cayó 29%, su nivel más bajo desde 2006. La misma gestión que alega insolvencia para no girar los fondos universitarios condonó una deuda de 1.842 millones de dólares a Edenor y Edesur. Las modificaciones al impuesto sobre Bienes Personales en 2024 redujeron la recaudación en cerca del 0,2% del PBI. El dinero existe. Se redirige.

La visita papal fue una oportunidad que el Gobierno intentó convertir en foto. La Cancillería pidió que Milei pudiera subir al avión papal para bajar junto a León XIV por las escalerillas. El Vaticano respondió con silencio, que en su diplomacia equivale a una negativa. Los armadores de Santiago Caputo y Karina Milei trabajaron las redes para apropiarse de los fragmentos compatibles con el ideario libertario y disputar la interpretación. El argumento oficial fue que leer las palabras del Papa como una crítica a Milei era una “interpretación mezquina”. La prensa internacional no lo leyó así: The Telegraph habló de una “incómoda reunión”, la BBC describió la prédica papal como una “crítica diplomática pero punzante a las medidas de austeridad” y The Times escribió que León XIV usó su visita para “desafiar al presidente Milei en su política de motosierra”.

Lo que León XIV dijo no es un programa religioso. Es una posición sobre la organización de la sociedad: la economía debe estar al servicio de las personas, no al revés. Que los más vulnerables no son un gasto que ajustar sino una responsabilidad que sostener. Que privar a alguien de trabajo, de salud o de educación no es una decisión contable, sino un daño a la dignidad humana. No hace falta ser católico para entender eso. Hace falta leerlo.

La tregua terminó el mismo día que el Papa se fue. Al día siguiente, los jubilados volvieron a la calle y el Estado volvió a montar su aparato represivo. Las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario siguen sin cumplirse. El superávit fiscal sigue construyéndose sobre los que menos tienen. León XIV dejó en Buenos Aires un diagnóstico claro. El Gobierno argentino demostró, en 72 horas, que no tiene intención de escucharlo.

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