Cobrar antes con fichas digitales: la advertencia que llega desde Vaca Muerta para los proveedores mineros de San Juan

La tokenización de facturas empezó a circular en San Juan como una salida para las pymes que trabajan para la minería y esperan meses para cobrar. La propuesta llega mientras el Ministerio de Minería termina de reglamentar la Ley de Desarrollo Local Minero. En Vaca Muerta, cientos de proveedores pagaron con su margen los plazos que estiraron las operadoras, y las herramientas para cobrar antes no cambiaron esa ecuación.

Acero y Roca publicó el tema el 6 de octubre. En esa nota, la economista Anabel Recabarren sostuvo que el desfasaje de caja es el gran problema de los proveedores mineros, que pagan salarios, combustible, mantenimiento e impuestos mientras esperan el cobro de trabajos ya terminados. Recabarren incluyó la factura de pago diferido entre los activos que podrían respaldar un financiamiento digital, y propuso otro uso para las mineras junior: atar la inversión a derechos sobre regalías futuras.

La Comisión Nacional de Valores no permite convertir una factura suelta en un token y ofrecerla al público. Una empresa tendría que reunir los créditos en un fideicomiso financiero y representar en forma digital los valores negociables que resulten. La Resolución General 1150, vigente desde junio de 2026, obliga a advertir sobre la posible insolvencia de los intermediarios, de modo que un inversor que compra un token no tiene la plata garantizada. La propia Recabarren admitió que el tratamiento contable de estos instrumentos, las restricciones cambiarias para empresas y algunas cuestiones tributarias siguen sin definición clara.

Tokenizar una factura equivale a descontarla, con un registro en blockchain. El proveedor vende hoy, con una quita, el dinero que la minera le pagará dentro de 60, 90 o 120 días. La pyme absorbe esa quita, que crece según la tasa que pida el inversor y las comisiones del fiduciario, la plataforma y cada intermediario que participe de la operación.

Las pymes neuquinas pagaron ese costo varias veces. En 2019, con el congelamiento de los combustibles, algunas compañías pasaron a pagar a 90 días en lugar de 30, y las cámaras del sector calcularon que el cambio equivalía a un descuento del 20% para los subcontratistas. En 2020, durante la crisis de Edvsa, un transportista denunció que le debían el 70% de su facturación y que otras 600 pymes estaban en su misma situación.

Este año, Halliburton ganó un contrato con YPF con una oferta muy agresiva y después pidió a sus pymes proveedoras una rebaja del 23% en los contratos vigentes, cuando la rentabilidad de esas empresas no pasa del 10%. Daniel González, secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, contó que una pyme tarda casi 80 días en cobrar: 45 hasta que le libran la orden de compra y otros 30 hasta que recibe el dinero. Raúl Martín, presidente de la cámara empresaria de Añelo, señaló que las grandes empresas difícilmente consigan precios más bajos si al mismo tiempo demoran los pagos y les cargan a las pymes un costo financiero extra. El gobierno neuquino estudia ahora con YPF y el Banco Provincia del Neuquén un sistema de descuento de facturas respaldado en la solvencia de la petrolera.

San Juan aprobó su propia regla en julio. La Cámara de Diputados votó la Ley de Desarrollo Minero Local por 32 votos contra 2, con la meta de que las mineras destinen a empresas sanjuaninas el 60% del monto anual de sus compras y contrataciones, siempre que existan condiciones competitivas de mercado. Vicuña ya tiene 241 contratos activos, y cerca del 53% de sus proveedores son de la provincia.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, informó a mediados de septiembre que su equipo había terminado el texto técnico de la reglamentación y que faltaba la revisión de los asesores legales del Gobierno. El Ministerio abrió además la Licitación Pública 03-2026 para desarrollar el sistema del Registro de Proveedores Mineros, con un presupuesto oficial de US$242.000 y la entrega provisoria prevista para el 1 de diciembre.

En lo que trascendió de la ley no figura un plazo máximo para que las mineras y sus grandes contratistas paguen a los proveedores locales. Una operadora podría cumplir la meta del 60% con pymes sanjuaninas y pagarles a 90 o 120 días. Con la tokenización o el descuento de facturas disponibles, esa pyme saldría a cobrar antes en el mercado y pagaría de su bolsillo la demora de la minera.

La ley sí incluye un recurso que podría compensar parte de ese peso. Las empresas que alcancen al mismo tiempo el 80% de empleo local y el 60% de compras locales recibirán un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrán ceder a pymes. En julio, Perea reconoció que la reglamentación debía definir cómo se concreta ese beneficio y que era uno de los artículos que más trabajo les exigía.

El Ministerio de Minería todavía puede incluir en la reglamentación plazos máximos de pago dentro de los planes de desarrollo de proveedores que presentan las operadoras. También puede exigir que las mineras emitan o acepten documentos con su propio respaldo, como la factura de crédito electrónica, para que un proveedor de Iglesia o de Jáchal descuente su factura a la tasa de Vicuña o de Veladero y no a la de una empresa chica. Neuquén busca hoy dar liquidez a pymes que arrastran años de cobros atrasados, mientras San Juan tiene el texto en revisión y los contratos grandes del cobre por delante.