Como en los años 90: el gobierno libertario privatiza la red de agua potables y el servicio de tratamiento de desagües cloacales (AySa)
Este jueves 8 de octubre a las 10, el Gobierno abre los sobres económicos de la licitación por el 90% de AySA, la empresa que lleva agua y cloacas a unos 14 millones de personas en el AMBA
Como en los 90: el Gobierno libertario privatiza AySA, la empresa de agua potable y cloacas del AMBA
El Gobierno nacional abre este jueves 8 de octubre a las 10 los sobres económicos de la licitación por el 90% de AySA, la empresa que lleva agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en el AMBA. Dos consorcios compiten por el control, y el ganador saldrá solo del precio ofrecido por las acciones, porque el pliego ya fija el plan de inversiones y la tarifa.
Roggio ROAS, del Grupo Roggio, encabeza el primer consorcio. La firma opera Aguas Cordobesas y tiene la trayectoria más extensa del país en agua y saneamiento. La acompañan Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre.
Rowing S.A., de Walter Román, lidera el segundo junto a Transclor, el fondo holandés PHX Aqua AR y la brasileña Arcos Saneamento, del Grupo Equipav, que presta el servicio en Río de Janeiro. Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, le vende a AySA insumos para potabilizar desde 2009. Filiberti también es socio en Edenor y en Metrogas, de modo que, si su grupo gana, un mismo empresario tendría participación en el agua, la electricidad y el gas del área metropolitana.
Según trascendió, ninguna de las dos ofertas alcanzaría los USD 500 millones que espera el Ministerio de Economía. Si la mejor propuesta queda por debajo de la tasación de referencia del BICE, la comisión evaluadora puede declararla inconveniente.
La venta llega cuando AySA muestra números positivos. La empresa cerró 2024 y 2025 con ganancias, aunque el resultado de 2025 fue menor que el del año anterior. En sus 20 años como empresa estatal nunca había tenido ganancias y recibió del Tesoro unos USD 13.400 millones. La mejora responde en buena medida al corte de las transferencias para gastos corrientes, que pasaron de $416.326 millones en 2023 a cero en 2025.
El Gobierno sostiene que el Estado no puede financiar las obras pendientes. El contrato obliga al concesionario a invertir al menos USD 2.000 millones en los primeros cinco años y hasta USD 15.000 millones durante toda la concesión. Con lo que recaude por la venta y lo que ahorre en transferencias de capital, Economía presenta la operación como un alivio fiscal dentro del esquema de la Ley Bases. Quienes rechazan la medida advierten que el Estado se desprende de un activo justo cuando empieza a rendir, cede la ganancia futura a privados y conserva el riesgo de un servicio esencial.
El usuario no puede elegir otro proveedor de agua. La red funciona como un monopolio natural, y la calidad del servicio dependerá de cómo se controle al concesionario. El contrato fija una meta de cobertura de agua del 75,3% para 2031, mantiene la tarifa social para 160.000 usuarios y posterga hasta 2032 la revisión tarifaria integral. Los riesgos pasan por aumentos a través del coeficiente «K», la presión de la empresa por recuperar lo invertido, el incumplimiento de metas y un ente regulador débil. La factura promedio sin subsidios ya equivale al 2,2% del salario registrado.
El antecedente directo es la privatización de Obras Sanitarias de la Nación en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem. Aguas Argentinas ganó entonces una concesión por 30 años con una oferta de tarifas más bajas y compromisos de inversión muy superiores a los de la década anterior. En los primeros años, los usuarios conectados pagaron menos y recibieron un mejor servicio, pero el acceso de los sectores pobres quedó como deuda pendiente y los beneficios llegaron sobre todo a la clase media que ya tenía red. En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato y creó AySA, la misma empresa que hoy vuelve a manos privadas.
