Pagar la luz, el gas y el colectivo ya se lleva casi el 15% del sueldo: lo que el ajuste tarifario le hizo al bolsillo de la gente

En septiembre, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires necesitó $268.405 solo para pagar electricidad, gas, agua y transporte. No es una cifra abstracta. Es lo que sale mantener encendida una heladera, bañarse con agua caliente, llegar al trabajo. Cosas que hasta hace no mucho se daban por descontadas.

Ese monto representa el 14,6% del salario promedio registrado. Casi tres horas de trabajo de cada día hábil del mes van directo a las empresas de servicios. Para quien gana el promedio, que ya es bastante más que el mínimo, la cuenta todavía cierra con dificultad. Para quien está por debajo, directamente no cierra.

El gobierno de Milei festejó que en septiembre la canasta de servicios bajó un 7,3% respecto a agosto. Lo que no contó es el por qué: no hubo ninguna política de alivio, simplemente bajó la demanda estacional de energía porque el invierno aflojó. Cuando vuelva el calor y los ventiladores y los aires acondicionados empiecen a girar, la factura va a subir otra vez. El alivio de septiembre es meteorológico, no político.

Lo que sí es político es lo que pasó con las tarifas desde diciembre de 2023. La luz y el gas en el Gran Buenos Aires acumulan una suba del 168,2% desde que arrancó esta gestión, muy por encima de la inflación del mismo período. El argumento oficial es que los servicios estaban subsidiados en exceso y que era necesario sincerar los precios. Hay algo de verdad en eso. Pero el sinceramiento lo pagó la gente que usa el colectivo para ir a trabajar, no el que tiene auto y nunca pisó una unidad. Lo pagó quien no puede elegir si usa el gas o no porque vive en un departamento con calefacción central. Lo pagó el jubilado que en invierno tiene que decidir entre calefacción y medicamentos.

El gasto en subsidios de energía y transporte cayó casi 60% en términos reales durante esta gestión. Ese número, que el oficialismo presenta como un logro del ordenamiento fiscal, tiene una traducción concreta: el Estado se retiró de la ecuación y el costo que antes absorbía parcialmente el presupuesto público ahora lo paga el usuario de manera directa. No desapareció el subsidio, se transfirió. Antes lo financiábamos todos con impuestos, ahora lo financia cada uno en su factura individual. La diferencia es que el impuesto es progresivo en teoría, la tarifa no distingue entre quien gana bien y quien no llega a fin de mes.

Los hogares del AMBA cubren hoy entre el 54% y el 55% del costo real de los servicios públicos. Eso significa que todavía hay margen para nuevas subas si el gobierno decide avanzar hacia el costo pleno. La pregunta que nadie del equipo económico responde es con qué salario se supone que la gente va a llegar a ese punto de equilibrio. Porque mientras las tarifas subieron 168%, los salarios reales cayeron. La brecha no se cerró, se amplió.

Acá en San Juan la situación tiene sus propias particularidades. El calor del verano hace que la factura de luz sea uno de los gastos más pesados del año para una familia. Y el transporte público tiene una cobertura tan irregular que en muchos barrios de los departamentos el colectivo es una promesa más que una realidad, lo que obliga a usar autos o remises que consumen nafta a precios que tampoco pararon de subir.

Hay una forma de leer estos números que los convierte en estadística y otra que los convierte en vida cotidiana. La estadística dice que la canasta de servicios bajó en septiembre. La vida cotidiana dice que una familia que gana dos sueldos mínimos destina casi un tercio de sus ingresos a pagar servicios que en otros momentos de la historia argentina eran accesibles. Eso no es un dato de coyuntura. Es el resultado de una decisión política sostenida: el Estado deja de garantizar el acceso y el mercado pone el precio. Quién puede pagarlo y quién no es, también, una decisión política.