A Diputados le faltan 8 o 9 votos para voltear el DNU 70 y el oficialismo negocia con 13 gobernadores para evitarlo

La Cámara de Diputados intenta mañana jueves 15 de octubre, a las 14hs, lo que no logró en marzo de 2024 en el Senado: juntar el quorum y los votos para rechazar el DNU 70/2023, el decreto de 366 artículos con el que el Gobierno desreguló la economía apenas asumió. El Senado ya lo rechazó hace casi dos años y medio. Si Diputados hace lo mismo, la derogación queda sellada de manera definitiva, porque la ley que regula los decretos delegados exige el rechazo de las dos cámaras. Si Diputados no reúne el quorum o termina avalando el decreto, el DNU sigue vigente pese al golpe que ya recibió en el Senado.

El oficialismo necesita 129 presencias para abrir la sesión. Esta tarde, con la sesión a menos de veinticuatro horas, la oposición ronda las 120 bancas confirmadas: le faltan entre 8 y 9 votos. Así lo resume la diputada Paula Penacca; Germán Martínez prefiere no dar un número cerrado. El conteo suma 104 firmantes de los bloques centrales del pedido de sesión, 6 diputados de Provincias Unidas (Esteban Paulón, Pablo Juliano, Mariela Coletta, Pablo Farías, Martín Lousteau y María Inés Zigarán) y otros 10 compromisos confirmados antes del último fallo de la Corte Suprema. Juan Brügge, de Córdoba, ya avisó que va a estar y sostuvo que el decreto debe derogarse.

En la vereda opuesta no van a dar quorum los tres diputados salteños de Argentina Federal (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega), Jorge “Loma” Ávila (Chubut), Sergio Capozzi (Río Negro) y José Luis Garrido (Santa Cruz). Sus compañeros de bloque Claudio Álvarez y Gerardo Gustavo González tampoco confirmaron asistencia. En el medio queda el grupo que puede inclinar la balanza: los diputados de Provincias Unidas alineados con Juan Schiaretti (Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo y Alejandra Torres), la presidenta del bloque Gisela Scaglia, que no firmó el pedido de sesión, José Núñez, la mendocina Lourdes Arrieta y el bloque Producción y Trabajo del gobernador de San Juan Marcelo Orrego, con sus dos diputadas nacionales, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, sin posición pública conocida hasta esta tarde.

Un fallo de la Corte Suprema cambió el clima de la semana. El máximo tribunal suspendió, de manera provisoria y por cuatro votos contra uno (mayoría de Rosatti, Lorenzetti, Barroetaveña y Pérez Curci; disidencia parcial de Rosenkrantz), la aplicación del artículo 154 del DNU, el que derogaba la Ley de Tierras Rurales y habilitaba la venta de campos a extranjeros. La medida respondió a un amparo de la agrupación Árbol de Pie, que había pedido la inconstitucionalidad del artículo invocando el derecho a un ambiente sano. La suspensión le quitó a varios gobernadores dialoguistas uno de los motivos concretos que tenían para acompañar la derogación completa. En los pasillos se lee como una de las razones por las que el número no termina de cerrar.

A la negociación política se sumó esta semana un dato incómodo para el Gobierno: la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Victoria Marcó, reconoció mediante un pedido de acceso a la información pública que la elaboración del DNU 70/2023 no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo. En el expediente oficial no hay informes ni dictámenes técnicos o jurídicos previos al dictado del decreto, lo que, según esa misma ley, puede dejarlo nulo por falta de sustento y de dictamen jurídico previo. El Gobierno confirmó además que no existe constancia de una vinculación formal de Federico Sturzenegger, el funcionario que diseñó buena parte del decreto, con la Administración Pública.

El Gobierno no se quedó esperando. El vocero Manuel Adorni y el jefe de Gabinete Diego Santilli (el cargo de ministro del Interior quedó eliminado en julio, cuando Santilli absorbió esas funciones) negocian hace semanas con 13 gobernadores dialoguistas, con el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO como moneda de cambio. Martín Menem sostuvo que la sesión “perdió su sentido” después del fallo de la Corte y advirtió que derogar el DNU dispararía los alquileres un 40%. Eduardo Menem, al frente de la mesa legislativa oficialista, apuesta a que no se junte el quorum. Este mismo miércoles, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, convocó a un plenario con Legislación General para empezar a debatir un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, con un agregado que pondría un tope del 15% a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El oficialismo ya programó además una sesión propia para el 21 de octubre, con la emergencia en discapacidad y el proyecto de morosos como último punto, algo que la oposición interpreta como una maniobra para desgastarla.

Si mañana no se junta el quorum, la oposición ya avisó que de todos modos va a bajar al recinto para dar los discursos y dejar expuestos, banca por banca, a quienes no se presenten. También apuesta a la marcha universitaria y multisectorial convocada para mañana, con la que espera presionar a los indecisos. Ese mismo jueves ATE convocó un paro nacional de 24 horas contra el DNU 70/23, con asambleas y movilizaciones en la Administración Pública nacional, provincial y municipal: en Buenos Aires el gremio se concentrará desde las 13:30 frente al Congreso, coincidiendo con la quinta marcha federal universitaria por la Ley de Financiamiento Universitario. El paro garantiza sólo guardias mínimas en salud, PAMI y ANSES atenderían únicamente emergencias, y podrían verse afectados la recolección de residuos, los controles migratorios y sanitarios del Senasa, y el transporte aéreo, con vuelos sanitarios y de Estado como excepción.

Tres escenarios se abren para mañana. Uno: no se junta el número de 129 y la sesión no arranca. El DNU sigue vigente con sus 366 artículos intactos, el Gobierno gana por inacción y la oposición se queda con la foto de las ausencias para la sesión del 21 de octubre y para lo que venga después. Dos: hay quorum y el decreto cae. Como el Senado ya lo rechazó en 2024, un rechazo de Diputados completa el requisito legal y la derogación queda firme. Eso obliga a restituir de manera automática toda la normativa que el decreto había modificado o derogado: la Ley de Alquileres, la habilitación a las prepagas para fijar aumentos libres, el freno al plan de privatizaciones de empresas públicas, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, el régimen de Compre Nacional, el registro de importaciones y exportaciones y el funcionamiento del INYM. Tres: hay quorum pero el oficialismo consigue los votos para sostener el decreto. Pese al rechazo previo del Senado, el DNU sigue en vigencia, porque la ley exige el rechazo de ambas cámaras para anularlo.