Discapacidad: el Gobierno cedió en el recinto lo que negaba en el Presupuesto
La media sanción llegó con 237 votos, pero solo después de que La Libertad Avanza aceptara los cambios de la oposición. La historia reciente muestra que el oficialismo adoptó una bandera que antes combatió.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Discapacidad con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, tras largas horas de negociación. El oficialismo celebró. Pero el camino hasta ahí cuenta otra cosa.
Las negociaciones comenzaron hace casi dos meses, cuando la oposición, a pedido de las organizaciones, impulsó la prórroga de la Emergencia que vence a fin de año. La oposición logró emplazar a las comisiones para obligar a tratar el tema. El Gobierno no había elegido esa agenda: se la impusieron.
El antecedente pesa. En 2025 Milei vetó la ley de emergencia, y ambas cámaras insistieron con dos tercios y dejaron sin efecto el veto. Recién en febrero de 2026 el Gobierno la reglamentó, obligado por la Justicia. Mientras tanto, los prestadores describen un sistema al límite: casi 50 centros cerraron en todo el país y se cobra con más de 90 días de demora.
El episodio central ocurrió el 15 de septiembre. Ese día el Ejecutivo presentó el Presupuesto 2027, con cambios sustantivos en prestaciones y pensiones por discapacidad. El texto derogaba artículos centrales de la misma ley de emergencia y dejó descolocados a los propios diputados libertarios, que negociaban un dictamen alternativo. Según un análisis de ACIJ, Incluir Salud mostraba un recorte del 13,9% respecto de 2026.
Después vino el giro. El oficialismo descartó los recortes previstos en el Presupuesto 2027 y acordó mantener las pensiones, la actualización por inflación y un sistema unificado de prestaciones. También aceptó garantizar que los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad accedan a Incluir Salud. La oposición dialoguista y el peronismo lo obligaron a modificar el texto para blindar partidas frente al Presupuesto. Y el oficialismo aceptó en el recinto todas las modificaciones de Oscar Herrera Ahuad.
El oficialismo ofrece otra lectura. Gabriel Bornoroni sostuvo que la ley dará una respuesta clara y permanente a las familias, sin depender de emergencias ni leyes temporales. Es un argumento atendible: la norma conserva el Certificado Único de Discapacidad y las pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo, aunque elimina el carácter de emergencia. La oposición responde que, en rigor, fue ella quien obligó al oficialismo a dar vuelta su dictamen. Un diputado opositor lo resumió así: fue una victoria de Menem sobre Luis y Santiago Caputo, porque no se hizo el recorte.
No hay unanimidad. Ocho cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria rechazaron el texto; las organizaciones de su provincia dicen que no fueron convocadas y desconfían de que el Gobierno cumpla. La desconfianza tiene base en el historial: el texto aprobado va a contramano del Presupuesto de Caputo.
La conclusión que surge del registro es que la apropiación es parcial y tardía. El Gobierno hoy defiende una ley permanente, pero llegó a ella después de un veto revertido, una reglamentación forzada por tribunales y un Presupuesto que recortaba lo que ahora promete sostener. Queda una pregunta sin respuesta: si el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 se corrige o si la ley votada convivirá con partidas que no la financian. Falta además el Senado. Ahí se verá si el compromiso es de fondo o apenas un movimiento táctico.
