Un año sin ley: el Gobierno lleva doce meses sin cumplir la norma que el Congreso le impuso a las universidades

El Gobierno nacional cumple hoy un año sin aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El 21 de octubre de 2025 la publicó en el Boletín Oficial y, en la misma edición, la suspendió con el Decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a que el Congreso le indicara de dónde saldrían los fondos. Desde ese día, los docentes y no docentes universitarios cobran salarios que la ley ordenaba recomponer, y las universidades funcionan con presupuestos que la ley ordenaba actualizar.

El Congreso había hecho su parte. Javier Milei vetó la ley con el Decreto 647/2025, y los legisladores respondieron con mayorías que el oficialismo no pudo quebrar. El 17 de septiembre de 2025, Diputados rechazó el veto con 174 votos. El 2 de octubre, el Senado ratificó la norma con 58 votos, por encima de los dos tercios que exige la Constitución. El Gobierno demoró casi tres semanas en publicarla y la suspendió el mismo día que lo hizo.

Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional fueron a la Justicia esa misma jornada. Pidieron una medida cautelar para los artículos 5 y 6, que actualizan los salarios docentes y no docentes y el fondo de becas. Un juez la concedió en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la confirmó en marzo de 2026, y la Corte Suprema la dejó firme el 25 de junio. El 6 de octubre, un fallo de primera instancia declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y le ordenó al Ejecutivo cumplir la ley. El Gobierno apeló cada una de esas decisiones.

El 14 de octubre, el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, fue más lejos. Le impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa de 100.000 pesos por cada día de incumplimiento. Menos de 24 horas después, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la sanción de manera provisoria. En el expediente, Cormick dejó asentado el tamaño del daño: entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la inflación acumulada llegó al 312,19 por ciento.

CONADU, la federación que conduce Clara Chevalier, reclama una recomposición del 33,4 por ciento para cerrar la brecha entre los salarios docentes y el costo de vida. Para sostener ese reclamo, el gremio encadenó paros de 72 horas, buscó confluir con CONADU Histórica y el Frente Sindical y convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. En la Universidad Nacional de Tucumán, los docentes suman cerca de 45 jornadas de paro en lo que va de 2026.

En San Juan, el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan marcó el aniversario con un comunicado en sus redes. “Hace 365 días que el Gobierno nacional decide no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”, publicó SiDUNSJ, que conduce Guadalupe Aguiar. El gremio recordó que el Congreso votó a favor de la ley seis veces, lo calificó como “algo inédito en la historia argentina” y advirtió que “hay responsables y hay cómplices de este pisoteo a la democracia, a las instituciones republicanas y a la división de poderes”.

SiDUNSJ les reclamó a los tres poderes del Estado. Le pidió a la Cámara que ratifique “sin más demora” el fallo contra el decreto de suspensión. Le exigió al Congreso que incluya la ley en el presupuesto 2027, que hoy se debate en Diputados. Al Ejecutivo le dirigió una sola frase: “debe cumplir la ley”. El sindicato integra el Frente Universitario junto con Adicus y el resto de los gremios de la UNSJ, que encabezó la movilización provincial del 15 de octubre.

Los trabajadores no docentes de la UNSJ también hicieron oír su reclamo. La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ) difundió en sus redes el mensaje de FATUN, la federación nacional que agrupa a los gremios no docentes de las universidades públicas. “A un año, la Ley 27.795 sigue sin cumplirse”, planteó la federación, que repasó cada paso que la norma ya dio: la sanción del Congreso, el rechazo del veto, la publicación en el Boletín Oficial y la orden judicial de aplicarla. “Desde la FATUN no vamos a aceptar que una ley fundamental para las Universidades Públicas y para sus trabajadoras y trabajadores quede solo en papeles”, advirtió.

Los rectores ven el deterioro más allá de los sueldos. En su último documento, el CIN calificó el presupuesto educativo del Gobierno como “el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI” y acusó al Ejecutivo de intentar “asfixiar las universidades nacionales”. En Mendoza, la rectora de la UNCuyo, Adriana García, alertó que “para el 2027, si esta ley no se cumple, van a estar en peligro” los programas que la universidad sostiene con organismos científicos y organizaciones sociales. Las obras sociales universitarias, que cubren a docentes y no docentes, ya recortan prestaciones y suben copagos.

La pelea llegó al presupuesto 2027. Esta semana, 19 diputados del interbloque Unidos le pidieron al presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, que cite a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a Santilli. Avisaron que no van a convalidar el apartado educativo del proyecto mientras el Gobierno no cumpla la ley vigente. El Ejecutivo, por su parte, sostiene en los tribunales que ya cumplió con la norma.

Mientras la Cámara decide y el Congreso discute números, los gremios sanjuaninos anticipan que la protesta va a seguir. “Resistimos y persistimos porque lo que está en juego es nada menos que el futuro de la patria”, cerró SiDUNSJ.