Acueducto Gran Tulum: Uñac y Andino, ante una audiencia que pondrá a prueba el alcance de los fueros
Entre los once notificados figuran el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quien presidió OSSE entre 2011 y 2015.
La causa por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum llega a su etapa decisiva. El miércoles 14 de octubre, a las 11, se realizará la audiencia de formalización ante la jueza de Garantías Mónica Lucero. Allí, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán exponer los hechos investigados, los delitos posibles, la participación atribuida a cada convocado y la prueba reunida. Entre los once notificados figuran el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quien presidió OSSE entre 2011 y 2015.
La investigación nació de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, de diciembre de 2025, y apunta a las contrataciones, la provisión de cañerías, los valores pagados y la calidad de los materiales. La Provincia es querellante. La obra se financió con un crédito de un fondo kuwaití por 100 millones de dólares, que se comenzó a devolver en 2025 en cuotas mensuales durante 20 años, mientras el acueducto sigue inconcluso. Se informó que se habrían pagado unos 50 millones. Un informe técnico sostuvo que los caños no son aptos para agua potable, aunque una certificadora internacional lo discutió.
Estar notificado no equivale a estar imputado. Fiscalía informó a los alcanzados sobre la investigación y sus derechos, entre ellos elegir abogado y acceder al expediente. Recién después de la audiencia se sabrá quiénes quedan formalmente imputados. Andino sostuvo que hace once años que no preside OSSE y que nunca tuvo observaciones sobre su gestión.
La discusión de fondo es institucional. Uñac y Andino son legisladores nacionales, por lo que rige la Ley 25.320: el proceso sigue su curso, el llamado a declarar no restringe la libertad y, si el legislador no concurre, el tribunal debe solicitar su desafuero. Fuentes judiciales indicaron que ambos deben participar de la audiencia. También se analiza que lo hagan por videoconferencia, algo que todavía no está definido oficialmente.
Hay un antecedente reciente. En Salta, el diputado nacional Emiliano Estrada no asistió a su audiencia de formalización en junio de 2025 y la Justicia federal pidió su desafuero. Casación confirmó el pedido al considerar injustificada su ausencia, y el trámite pasó al Congreso. La incomparecencia, entonces, no cierra la causa, sino que la traslada al terreno político.
Ese terreno es sensible para el peronismo sanjuanino. Andino es uno de los nombres que se mencionan para la gobernación de 2027 y Uñac se proyecta como aspirante a la candidatura presidencial. La audiencia no define responsabilidades, pero llega cuando el espacio busca unidad y votos, y cualquier giro del expediente tendrá efecto sobre ese tablero. Las primeras respuestas empiezan a darse el 14 de octubre
