El Consejo del Salario, un pacto social que el Gobierno decidió dejar de lado

El Gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo, vital y móvil mediante la Resolución 4/2026, publicada el 2 de septiembre en el Boletín Oficial, después de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminara sin acuerdo su reunión del 28 de agosto. Por medio de un laudo, el Ejecutivo definió ocho aumentos escalonados: $383.800 en septiembre, $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre, $406.400 en diciembre y hasta $437.000 en abril de 2027. La CGT y las CTA se habían retirado de la reunión.

El Consejo del Salario es un organismo tripartito creado por ley, en el que se sientan representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Su razón de ser es que el piso de ingresos de un país surja de la negociación entre quienes pagan, quienes cobran y quien arbitra. Cuando funciona, el salario mínimo es la expresión de un acuerdo social. Cuando el Ejecutivo lo reemplaza por un laudo, el organismo se convierte en una instancia formal. Dirigentes gremiales sostienen que se volvió un simulacro, y que las reuniones se hacen de manera virtual, sin lugar para el intercambio presencial.

Los números explican el malestar sindical. La propuesta del sector empresario fue de un aumento de 1,8% para septiembre y de 1,7% mensual hasta abril, y el Gobierno terminó fijando valores que, según los gremios, quedan por debajo de la inflación. Los sindicatos calculan que el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 39,3% desde noviembre de 2023 y que, según un estudio de la UBA y el CONICET, para recuperarlo debería ubicarse entre 1,5 y 1,84 millones de pesos. Por eso insisten en que hoy no es ni vital ni móvil.

La discusión excede el monto. El salario mínimo es la referencia de la prestación por desempleo, cuyo máximo es este mes de $391.200, y funciona como un ancla para los sectores más vulnerables del mercado laboral. Un piso que se define sin consenso y se licúa mes a mes pierde esa función protectora, y el Gobierno dice ajustar el salario mientras la inflación se lo come.

Esta decisión se inscribe en una lógica más amplia de las políticas libertarias, que ven en las instancias de negociación colectiva un obstáculo y no una herramienta. La experiencia histórica sugiere lo contrario. Entre 2004 y 2015, mientras el Consejo funcionó con regularidad, la participación de los salarios en el PBI subió del 30,6% al 48,9%, según el análisis que citan los gremios. Cuando el diálogo se reemplaza por el decreto o el laudo, el ajuste tiende a favorecer a quien tiene más poder de negociación.

Defender el Consejo del Salario es defender un procedimiento que le da legitimidad a una de las decisiones más sensibles del Estado. El salario mínimo es un contrato social, y saltear su proceso erosiona una política concreta y también la confianza en las instituciones que deberían sostenerla