La policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo al dirigente gremial Claudio Dellecarbonara en medio de un reclamo de los trabajadores del subte.
El Gobierno porteño atribuyó los arrestos a que un trabajador abrió una puerta de emergencia para que los usuarios pasaran sin pagar. Presenta el episodio como un delito común, no como una persecución sindical.
La mañana de hoy martes, la Policía de la Ciudad detuvo en la estación Juan Manuel de Rosas, de la Línea B, a dos delegados de la AGTSyP, entre ellos Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado ejecutivo. La protesta había comenzado a las 7 con una apertura de molinetes contra la suspensión de empleados. Según Infobae, la fiscal dispuso la detención de Dellecarbonara luego de que intentara impedir la aprehensión de su compañero. La respuesta fue un paro total de subtes y Premetro.
La versión oficial es otra. El Gobierno porteño atribuyó los arrestos a que un trabajador abrió una puerta de emergencia para que los usuarios pasaran sin pagar. Presenta el episodio como un delito común, no como una persecución sindical.
Pero el gremio y el diputado Nicolás del Caño, en un medio partidartio, sostienen lo contrario. Del Caño afirmó que la detención se pidió porque los trabajadores ejercieron su derecho constitucional a la protesta. La discusión jurídica de fondo es esta: la Constitución reconoce el derecho de huelga y la ley de asociaciones sindicales protege a los representantes gremiales frente a medidas que obstaculicen su actividad. Detener en su lugar de trabajo a un dirigente que conduce una medida de fuerza es, para el sindicato, una forma de criminalizar la acción colectiva. Que haya sido resistencia al arresto, como sugiere el relato oficial, es lo que deberá evaluar un juez.
Hay antecedentes que alimentan esa sospecha. Según en el Subte, la fiscal Ramírez ya había imputado a trabajadores del subte por asociación ilícita, entorpecimiento del transporte y atentado a la autoridad, y un magistrado rechazó el planteo por considerar la medida un ejercicio legítimo del derecho de huelga. Ese medio aclara que esos antecedentes no prueban responsabilidad en cada episodio.
El conflicto tampoco es nuevo. En 2024, el Gobierno porteño presentó una denuncia penal contra la AGTSyP por los paros. Macri habló entonces de maniobras extorsivas. La Justicia del Trabajo luego declaró nulo el pedido de desafuero contra Dellecarbonara. La escalada de hoy martes sigue esa misma línea: más denuncias y más intervención penal en un conflicto laboral.
Si abrir molinetes o levantar una puerta de emergencia durante una protesta alcanza para detener a un delegado, la figura penal pasa a funcionar como herramienta de disciplina sindical. Hoy es el subte. Mañana puede ser cualquier gremio de servicios, donde las medidas de fuerza interrumpen por definición una prestación. Y la advertencia vale para ambos lados: los paros que afectan a cientos de miles de usuarios tienen un costo social real, y el Estado tiene herramientas legítimas para encauzarlos, como la conciliación, la vía judicial laboral y las multas. Lo que corresponde discutir es si la detención de un dirigente en pleno conflicto es una de ellas o un atajo.
