Retiro voluntario: el Gobierno paga hasta 25 sueldos para achicar el Estado sin llamarlo despido
Trabajadores estatales nucleados en ATE protestan frente a Casa Rosada contra los despidos en el Estado nacional.
El Decreto 1203/2026 abre en noviembre un nuevo régimen de retiros en la Administración Pública Nacional. Los organismos deberán eliminar los cargos que queden libres, y quienes se vayan no podrán volver por ocho años y tendrán que desistir de sus reclamos contra el Estado. En San Juan, el gobierno de Marcelo Orrego prepara su propio plan.
El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 1203/2026, que crea un régimen de retiro voluntario para los trabajadores de planta permanente y por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. Lo firmaron el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Los trabajadores podrán adherir entre el 1 y el 30 de noviembre, con una prórroga posible de treinta días.
El decreto fija tres esquemas según la edad. Las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que no tienen aportes para jubilarse pueden cobrar el 60% del sueldo bruto durante 36 meses como máximo, o una suma única. Quienes están en esa franja y ya reúnen 30 años de aportes reciben un sueldo por año de antigüedad, con un tope de 18, más cinco sueldos adicionales. Las mujeres hasta 57 años y los hombres hasta 62 cobran un sueldo por año trabajado, con un tope de 20, más cuatro o cinco sueldos según su antigüedad. El máximo llega a 25 sueldos.
Cada organismo deberá borrar del presupuesto el cargo de quien se adhiera, sin reemplazo. Según la información oficial difundida, quienes acepten el retiro no podrán volver al sector público nacional durante ocho años. El decreto exige además que el trabajador desista de los reclamos administrativos y las demandas judiciales que tenga contra el Estado por su relación laboral. Con la firma, el empleado pierde el puesto y renuncia a pelear lo que el Estado le deba.
El mecanismo funciona como un despido encubierto. El Gobierno no echa: ofrece una salida a trabajadores que llevan meses frente a cesantías, pases a disponibilidad y cierres de áreas. Quien firma un retiro en ese clima decide con poco margen, y para la estructura del Estado el resultado coincide con el de un despido: un puesto menos.
El régimen llega sobre una planta ya recortada. Según el INDEC, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el sector público nacional pasó de 343.357 a 274.793 trabajadores, 68.564 puestos menos, cerca del 20%. La administración centralizada, la que alcanza este decreto, perdió el 30,75% de su personal y bajó de 55.858 a 38.682 empleados. La caída se repitió cada mes por contratos que el Gobierno no renovó, despidos, retiros y organismos cerrados.
El decreto habilita a las autoridades a rechazar una adhesión si la salida del trabajador afecta la prestación del servicio, y les da cuarenta días para resolver. La cláusula reconoce que hay oficinas que ya no soportan más bajas.
En un retiro voluntario se van primero los profesionales con experiencia, los técnicos especializados y el personal formado, porque el mercado privado los busca y les paga más. Las oficinas pierden gente y también el conocimiento que el Estado tardó años en formar. A los trabajadores mayores sin aportes suficientes, el Gobierno les ofrece el 60% del sueldo durante tres años a cambio de irse antes de jubilarse.
El régimen excluye a los organismos descentralizados, como la ANSES, que cerró el 30 de septiembre la segunda ronda de su propio plan de retiros, con hasta 19 sueldos y cinco años de prohibición para volver. Tampoco incluye a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Inteligencia ni el Servicio Exterior.
El gobierno de Marcelo Orrego sigue el mismo camino en San Juan. En junio, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, confirmó que el Ejecutivo prepara una ley de modernización del Estado que incluirá retiros voluntarios, digitalización de trámites y una reorganización administrativa. El vicegobernador Fabián Martín presentó el plan como un programa “para los que tienen espíritu emprendedor” y dijo que el objetivo es que la actividad privada crezca. El Gobierno provincial lo vincula con la demanda de mano de obra que espera de la minería, en especial del proyecto Vicuña, y con la decisión de no seguir ampliando la planta estatal. Hasta ahora no difundió las condiciones, los montos ni la cantidad de trabajadores que podría alcanzar, y el proyecto todavía no llegó a la Legislatura.
ATE San Juan rechazó la iniciativa y reclamó conocer la letra completa del proyecto. Su titular, Cristóbal Carrizo, sostiene que el Gobierno provincial acompaña la línea de la Nación y que “el único objetivo conducente es achicar el Estado provincial”. El gremio también cuestiona que la provincia empuje a la jubilación a los trabajadores en condiciones de retirarse sin cubrir después las vacantes. La provincia tiene cerca de 50.000 empleados de planta permanente, según un registro de 2023.
El Gobierno nacional presenta su plan como una opción, y el provincial lo promete para quienes quieran emprender. A quien firme el retiro nacional, el decreto le deja un sueldo por año trabajado, un cargo que desaparece del organigrama y ocho años de veda para volver al Estado.
