La Justicia notificó a 11 ex funcionarios por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales avanzó en la causa que investiga la contratación y ejecución de una obra que dejó al Estado provincial con una deuda de 200 millones de dólares. Entre los notificados hay un senador nacional, un diputado nacional, un ministro de una gestión anterior y un juez en ejercicio.

La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales del Ministerio Público Fiscal de San Juan notificó este viernes a 11 personas vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más ambiciosas que se proyectaron para la provincia. La medida no constituye una imputación formal: es una instancia procesal previa que habilita a los involucrados a acceder a las actuaciones y designar defensa técnica antes de que la Fiscalía defina si avanza hacia la formalización de la Investigación Penal Preparatoria.

Los 11 notificados son los siguientes. Sergio Mauricio Uñac, quien fue vicegobernador y gobernador de San Juan durante el período en que avanzó el proyecto y actualmente ocupa una banca como senador nacional. Julio César Ortiz Andino, ministro de Infraestructura entre 2015 y 2023, el funcionario con mayor responsabilidad institucional sobre el área de obras durante ese ciclo. Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., la empresa adjudicataria de la obra. La firma tenía como representante en San Juan a Gustavo Horacio Monti, señalado en el expediente como pariente del exgobernador Uñac. Cristian Felipe Andino, presidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, actualmente diputado nacional. Sergio Fabián Ruiz, presidente del organismo entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, hoy asesor del senador Uñac. Humberto Gonzalo Caballero, quien fue jefe del Departamento Jurídico de OSSE y en la actualidad se desempeña como juez laboral de la provincia. Juan Carlos Caparrós, presidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019. Guillermo Nicolás Sirerol, al frente del organismo desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023. Juan Antonio Sánchez, funcionario de OSSE vinculado directamente con la implementación del proyecto. Francisco José Javier Correa, auditor técnico y gerente de Obras del organismo. Rolando Vicente Caruso, jefe del Departamento Proyectos de OSSE.

La investigación se abrió en diciembre de 2025, a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia basada en publicaciones periodísticas que alertaban sobre presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra. En febrero de 2026, el gobierno provincial ingresó a la causa como parte querellante, adoptando un rol activo que no pasó inadvertido para el espacio político opositor. La denuncia original planteó posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, administración fraudulenta, dádivas y violación de los deberes de funcionario público. Ninguna de esas figuras equivale, por sí sola, a una condena: son hipótesis que la Fiscalía deberá sostener o descartar con las pruebas reunidas.

En los primeros días de septiembre, la Justicia autorizó allanamientos en oficinas de Krah en la provincia. Durante los procedimientos se secuestró documentación y equipos informáticos que están siendo sometidos a análisis y peritajes. Entre las cuestiones que busca establecer la investigación figura si los materiales empleados cumplían con las especificaciones exigidas para la obra y si existieron sobreprecios en la contratación. La provincia de San Juan continúa pagando la deuda que generó el contrato: según información oficial, el Estado provincial enfrenta un pasivo que supera los 200 millones de dólares, entre materiales y obra civil.

Luego de la notificación, Cristian Andino sostuvo que su participación en la obra se limitó a una etapa inicial y negó responsabilidad sobre el estado de los materiales utilizados con posterioridad a su gestión. Los exidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol se presentaron ante la Justicia mediante el abogado Nasser Uzair. El resto de los notificados no realizó declaraciones públicas al cierre de esta edición.

La Fiscalía tiene plazo hasta los primeros días de noviembre para definir cómo avanza la causa. Si resuelve continuar, convocará a una audiencia de formalización en la que comunicará los hechos investigados y la participación que atribuye a cada persona. Esa audiencia será la instancia en que los involucrados pasarán formalmente a la condición de imputados. A partir de ese momento, las consecuencias procesales se amplían: acceso restringido a causas vinculadas, posibilidad de medidas cautelares y, en caso de que la investigación prospere, eventual elevación a juicio oral.

El avance de la causa llega en un momento políticamente sensible. El gobierno de Marcelo Orrego, que preside la provincia desde diciembre de 2023, tomó posición como querellante en febrero de este año, once meses después de haber asumido. Lo hizo en una causa que tiene como principales involucrados a figuras del uñaquismo, el espacio que gobernó San Juan entre 2011 y 2023, y que en 2027 intentará recuperar el sillón de Sarmiento. Cristian Andino, uno de los notificados de este viernes, es mencionado dentro del Partido Justicialista como uno de los posibles candidatos a gobernador para ese proceso electoral. Julio Ortiz Andino, exministro de Infraestructura durante dos períodos consecutivos, es otro referente con peso en ese espacio. El propio Uñac, senador nacional, es la figura de mayor gravitación del peronismo provincial y una pieza central de cualquier armado electoral que enfrente al orreguismo el año que viene. La coincidencia entre el avance judicial y el inicio del ciclo preelectoral no es un dato menor. La causa tiene sus propios tiempos procesales y la Fiscalía actúa con independencia del Ejecutivo, pero el gobierno provincial eligió ser parte activa del expediente. Esa decisión tiene consecuencias políticas que van más allá de las estrictamente judiciales, y sobre ese punto el debate en San Juan acaba de comenzar.