La gira y la fuga. Milei y Orrego

En el Château de la Muette, la sede de la OCDE en París, hubo canapés, trece gobernadores y un discurso sobre la revolución del interior. A once mil kilómetros, en Buenos Aires, el Congreso empezaba a juntar firmas para voltear el decreto que sostiene buena parte de las inversiones que el Gobierno había ido a vender a Europa.

El martes 29 de septiembre, la Corte Suprema habilitó en los hechos la venta de tierras rurales a extranjeros sin decir si eso es constitucional. El miércoles, Javier Milei voló a Francia con la comitiva más grande que haya llevado desde que asumió, y el bloque de Unión por la Patria empezó a moverse para convocar una sesión especial el 15 de octubre. En París no se habló de ninguna de las dos cosas.

Marcelo Orrego fue uno de esos trece gobernadores. Él dijo que eran catorce, y el número ya venía cambiando desde la semana anterior. Volvió con una frase para el archivo: «tener la oportunidad de estar en el Palacio del Elíseo, junto al presidente Emmanuel Macron y como parte de la delegación argentina, es una oportunidad muy importante para seguir llevando a San Juan al mundo».

¿Qué se firmó en París?

El miércoles 30 la actividad arrancó en la embajada argentina. Orrego estuvo con el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y su par francés, Roland Lescure. De esa jornada no salió un solo papel firmado, y es lógico: las recepciones sirven para otra cosa, para estar cerca de quien decide. En un país donde la provincia negocia adhesiones al RIGI, acuerdos de inversión y prórrogas, esa cercanía tiene valor. Solo que no se puede medir.

El jueves, el acto central en la OCDE, Milei les dijo a los gobernadores que «ya entendieron el camino» y anticipó «una revolución del interior». También les prometió a los inversores que «si nuestro Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia» y que iban a «experimentar un milagro en sus propias caras». Orrego tradujo el mensaje a lo que la provincia necesita escuchar de un inversor extranjero: acá hay «estabilidad fiscal y seguridad jurídica».

Ese mismo jueves, en el Congreso, el oficialismo y la oposición se medían por el DNU 70/2023. Es una escena que explica sola el problema de vender certezas a mitad de camino: el régimen que el Gobierno promociona en París vence en julio de 2027 y su continuidad depende de una votación que puede perder en octubre.

El paso por el Palacio del Elíseo fue lo que fue: un saludo protocolar de la delegación a Macron, sin agenda de negociación ni anuncios. Vale como posicionamiento y como foto. Nada más que eso.

El viernes, Orrego tuvo su único momento propio en el panel de Energía y Minería. Es la instancia que puede convertirse en algo concreto, y por eso conviene seguirla: si de esa exposición salieron reuniones bilaterales y compromisos de seguimiento, el viaje habrá rendido; si no, quedará en una exposición más ante inversores que ya conocen el proyecto.

En los pasillos estuvo lo más jugoso para la provincia. Gary Nagle, CEO de Glencore, presentó ante los europeos los proyectos MARA, en Catamarca, y El Pachón, en San Juan: unos US$14.000 millones entre ambos. El Pachón, vale decirlo, no tiene ninguna estimación pública de puestos de trabajo y todavía no anunció su decisión de inversión. Y el único anuncio grande que dejó la gira no fue para Cuyo sino para el sur: TotalEnergies presentó una cartera de casi US$10.000 millones para gas en Vaca Muerta y un desarrollo costa afuera en Tierra del Fuego.

Los dólares que se fueron

Para saber si una gira funciona hay que mirar el país que la manda, no el salón que la recibe. El INDEC informó que la inversión interna cayó 11,6% interanual en el primer trimestre de este año. Maquinaria y equipo bajó 18,1%; equipo de transporte, 19,6%. En el mismo trimestre, el Banco Central registró ingresos netos de inversión extranjera directa por US$1.794 millones, después de cerrar 2025 con egresos netos de US$4.687 millones en el cuarto trimestre.

El Centro CEPA mide lo mismo por otra puerta, la del mercado de cambios, y el resultado es más incómodo: la inversión extranjera directa fue negativa en mayo por US$798 millones, con salidas del sector petrolero, y el acumulado desde diciembre de 2023 arroja una desinversión neta de no residentes de US$1.188 millones. Según ese criterio, en lo que va del Gobierno entró menos capital extranjero del que se fue.

Mientras tanto, las familias compraron dólares. La formación de activos externos, la medición que en la jerga se llama fuga, sumó US$10.893 millones en los primeros cinco meses de 2026 y acumula US$40.591 millones desde diciembre de 2023. En el mismo período, el endeudamiento neto del país creció US$42.595 millones. Las dos cifras se parecen demasiado. El país se endeuda afuera y los dólares se van afuera, casi en la misma proporción; las personas humanas explican la mayor parte de esas compras, con US$47.804 millones acumulados.

Con ese telón de fondo, los indicadores sociales y financieros son los que ya se conocen. La pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre y alcanza a unos 15 millones de personas. El riesgo país se sostiene cerca de los 600 puntos y el dólar oficial marcó máximos nominales. El Banco Central, que venía comprando divisas todos los meses, compró apenas US$313 millones en septiembre, el peor registro del año.

El RIGI, el régimen que el Gobierno lleva de gira, tiene a julio veinte proyectos aprobados por US$43.533 millones y veinticinco más en evaluación por US$110.883 millones. Milei habla de US$150.000 millones. Son compromisos, no desembolsos, y la diferencia entre una cosa y otra es exactamente lo que no aparece en las presentaciones: en minería, hacia abril se había ejecutado alrededor del 11% de los compromisos, contra el 40% que el propio régimen exige en los dos primeros años.

Tampoco se cuenta la letra chica del derrame. Más del 95% de las inversiones se concentra en cinco provincias, y el 97% del monto aprobado es petróleo, gas y minería. La construcción de todos esos proyectos podría ocupar a más de 15.000 personas; en operación, la cifra cae a unas 8.200, porque son actividades intensivas en capital. El RIGI no obliga a usar insumos, tecnología ni empleo local, y facilita importar bienes de capital. Los proveedores locales ya lo están sintiendo: en julio, la actividad metalúrgica vinculada a la minería cayó 6,4% interanual y la de petróleo y gas, 4,4%.

San Juan es parte de ese 95%. La provincia llevó a París seis proyectos con aplicaciones al RIGI por más de US$33.000 millones, el adelanto de US$250 millones del acuerdo Vicuña previsto para diciembre y un bono colocado en el exterior por US$600 millones. En Vicuña trabajan hoy 2.676 personas, 77% sanjuaninas: eso es real, está pasando y es más de lo que pueden mostrar otras provincias.

Del otro lado de la misma provincia, la foto es distinta. Sobre el total de personas con créditos, el 35,2% está en mora: es el registro más alto del país, según la consultora Analytica. Con otra medición, la mora de las familias llegó al 20,0% en junio, quinto distrito del país, con más de 300.000 deudores únicos y los jóvenes entre los más golpeados. La construcción, que es el termómetro del trabajo local, pasó de 12.000 trabajadores a fines de 2023 a unos 7.500 hoy, y la cámara del sector anticipa que el receso invernal la dejará cerca de 6.000.

El problema no es que los proyectos sean malos. Es que llegan tarde para una urgencia que ya está en la mesa de la cocina. Josemaría pasaría de 5.900 trabajadores en la construcción a 1.060 cuando la mina opere. Los Azules busca financiamiento para empezar a construir en 2027 y producir en 2029. Carbonatos Profundos apunta a 2030 o 2031. La ola de empleo minero existe, pero no llega para pagar la tarjeta de este mes. A Orrego le queda margen para que la próxima gira no sea otra foto. Tres cosas son verificables y dependen de él o de su equipo: que se cumplan los acuerdos provinciales de Vicuña, que Los Azules cierre su financiamiento y que la provincia exija contenido local obligatorio, y no deseado, en cada proyecto que avala. San Juan no es un espectador del RIGI: es una de las cinco provincias donde se concentra casi toda la inversión del régimen. Eso es poder de negociación, y hasta ahora no se usó.