La obra social de las Fuerzas Armadas, al borde del colapso: la gestión del Ministro Presti puede dejar a 600 familias sin trabajo y a miles de afiliados sin cobertura.
Lo que en diciembre de 2023 era un organismo superavitario, con $25.000 millones en depósitos, hoy arrastra una deuda que superó los $500.000 millones
La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) atraviesa la peor crisis de su historia, y la responsabilidad recae directamente sobre la gestión del ministro de Defensa Carlos Presti. Lo que en diciembre de 2023 era un organismo superavitario, con $25.000 millones en depósitos, hoy arrastra una deuda que superó los $500.000 millones. La cifra no es un dato menor: revela una administración negligente que, en apenas dos años, llevó a la quiebra a una de las obras sociales más importantes del país.
La impericia del Gobierno libertario no se limitó al manejo financiero. Presti diseñó un esquema administrativo confuso —la disolución del IOSFA y la creación de la OSFA por decreto— que fragmentó la estructura sin garantizar la continuidad de las prestaciones ni el pago a los proveedores. El resultado: cortes de servicios médicos que ya llevan tres meses, farmacias propias en riesgo de cierre, hoteles y centros de recreo condenados a desaparecer, y un préstamo de $40.000 millones destinado a equipamiento médico que terminó desviado hacia gasto corriente. Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel calificó lo ocurrido como un «desfalco», un término que expone la gravedad de las denuncias dentro del propio oficialismo.
A esta impericia se suma la mala fe hacia los beneficiarios: personal civil y familias de las Fuerzas Armadas, en localidades como Funes (Santa Fe), sufren descuentos salariales por una cobertura médica que, en los hechos, no reciben. Es decir, pagan por un servicio que el propio Estado no garantiza.
Particularmente grave es el desconocimiento del sindicato. El Gobierno traspasó funciones entre el IOSFA y la OSFA sin consultar a ATE, lo que el gremio denunció como una violación al derecho de representación y negociación colectiva —una maniobra que ignora garantías legales básicas de los trabajadores estatales.
Pero el costo más dramático de esta gestión lo pagan 600 trabajadores y sus familias, amenazados de despido a fin de mes en el marco del cierre de 13 hoteles y dos recreos. No se trata solo de una cifra: son 600 sustentos familiares que dependen de decisiones tomadas con opacidad y sin planificación. La renuncia del administrador Ariel Guzmán, tras reunirse con Presti, confirma que ni dentro de la propia estructura hay certezas sobre el rumbo del organismo.
La ocupación de la sede central por parte de ATE, con Rodolfo Aguiar a la cabeza, expresa la bronca de un sector que ve cómo, entre denuncias de vaciamiento y falta de transparencia, se destruye una obra social clave para miles de familias vinculadas a las Fuerzas Armadas.
