Ley Penal Juvenil en San Juan: antes de advertir a los adolescentes, el Estado debe cumplir con ellos
La ley se sancionó en febrero con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Fija un máximo de 15 años de privación de libertad y prohíbe la prisión perpetua para adolescentes
El Gobierno de San Juan prepara una campaña para advertir a los adolescentes desde los 14 años que pueden ser castigados e incluso detenidos, con avisos en la vía pública, medios y redes y charlas en escuelas. La advertencia es correcta en lo jurídico: desde el 5 de septiembre rige la Ley 27.801, que bajó de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Lo que la campaña no explica es qué hará la provincia con esos adolescentes cuando lleguen al sistema.
La ley se sancionó en febrero con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Fija un máximo de 15 años de privación de libertad y prohíbe la prisión perpetua para adolescentes. También impide alojarlos con adultos. Son límites que corresponde reconocer. Pero el cambio central es otro: el Estado amplió su poder de castigar sobre personas de 14 y 15 años que hasta septiembre eran inimputables, y dejó a cada provincia la tarea de adecuar procedimientos y estructuras para sostener ese poder.
Desde la Convención sobre los Derechos del Niño, el estándar es una justicia especializada, con privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible. El Comité de los Derechos del Niño considera los 14 años como el piso aceptable y recomienda no reducir la edad donde ya es mayor. Bajar de 16 a 14 es un retroceso respecto del nivel de protección que Argentina tenía, y el principio de no regresividad existe para impedir exactamente eso. La Corte Interamericana condenó al país en 2013, en el caso Mendoza, por imponer penas perpetuas a personas que cometieron delitos siendo menores. Los antecedentes muestran qué ocurre cuando el castigo llega antes que las garantías.
El argumento de la urgencia tampoco resiste los datos disponibles. UNICEF sostiene que no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad. En la provincia de Buenos Aires, los homicidios dolosos con imputados menores de 18 años cayeron 61% entre 2009 y 2023, y de los 4.159 adolescentes registrados en el sistema penal juvenil en 2023, solo 4% tenía menos de 16 años. La franja que la ley incorporó es estadísticamente pequeña. San Juan debería publicar sus propias cifras, por edad y tipo de delito, antes de sancionar su código procesal.
La campaña supone que el miedo funciona como política pública. La literatura criminológica indica que a un adolescente lo disuade más la probabilidad de ser descubierto y la rapidez de la respuesta que la gravedad de la pena. Anunciar castigos sin fiscalías especializadas ni medidas alternativas disponibles corre el riesgo de ser solo publicidad.
Lo que San Juan debe garantizar es verificable. Necesita fiscalías, defensorías y juzgados especializados, con equipos interdisciplinarios, plazos máximos para el proceso y control judicial de toda detención. Necesita dispositivos de ejecución separados de los de adultos y programas de mediación, reparación y trabajo comunitario en cada departamento, no solo en Capital. El propio Ejecutivo teme que los lugares de detención y los tribunales se llenen si los jóvenes no toman conciencia de la ley. Ese temor describe un riesgo de saturación, y la saturación produce prisión preventiva y encierro en lugar de las medidas educativas, de acompañamiento y reinserción que la ley manda priorizar.
Nada de esto se opone a los derechos de las víctimas, que la ley también refuerza. Un proceso con garantías, plazos razonables y pruebas bien producidas termina en sentencias firmes. La víctima gana más con una condena sólida que con una detención inicial que cae en la apelación.
Informar a los adolescentes de sus derechos y obligaciones es legítimo. Lo discutible es que el primer mensaje público del Estado sea la amenaza, antes de mostrar que puede ofrecer un proceso justo y una respuesta que reduzca la reincidencia. Una ley penal juvenil no se mide por cuántos adolescentes alcanza sino por lo que ocurre con cada uno cuando entra al sistema. San Juan todavía está a tiempo de que su código procesal esté a la altura de esa vara.
