Marcha Federal Universitaria: operativo federal, 31 detenidos y la ley sigue sin cumplirse
La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a miles de personas en el Congreso para reclamar el cumplimiento de una ley vigente. Terminó con un operativo que incluyó gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
Miles de personas marcharon frente al Congreso para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno respondió con un operativo de fuerzas federales, 31 detenidos y una denuncia penal. Hasta ahora, no anunció los fondos que la ley ordena.
La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a miles de personas en el Congreso para reclamar el cumplimiento de una ley vigente. Terminó con un operativo que incluyó gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Otras crónicas también registraron disparos de balas de goma.
Los incidentes empezaron pasadas las 15.30, minutos antes del acto central. Los gases llegaron al escenario y entraron en el anexo de la Cámara de Diputados. Las cámaras captaron el momento en que una bomba de gas impactó en la cabeza de una manifestante, que dijo estar allí para reclamar educación pública para sus hijos. Los organizadores suspendieron el acto central antes de tiempo.
El balance oficial cambió durante la noche. Al principio se informaron 25 detenidos y ocho efectivos heridos. Más tarde, el recuento de La Nación habló de diez heridos y al menos 31 detenidos, entre ellos dos menores. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, responsabilizó a “los mismos violentos de siempre”. El Gobierno presentó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado, con destrozos estimados en $90 millones.
Otra versión de los hechos también debe figurar en esta crónica. Un grupo de encapuchados rompió baldosas y arrojó objetos contra los uniformados, y reaparecieron las sospechas sobre infiltrados en marchas que hasta entonces habían sido pacíficas. La UBA se deslindó de los incidentes y reclamó que el Gobierno cumpla con la ley. La violencia de algunos no explica por qué el operativo alcanzó a quienes estaban en las inmediaciones y no participaban de ella.
La discusión es jurídica. El documento leído en todo el país denuncia que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario, aunque la Justicia declaró su constitucionalidad y ordenó su aplicación inmediata. El Poder Legislativo ratificó la norma cinco veces. Un día antes de la marcha, el juez Cormick fijó una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presunto incumplimiento de la cautelar. La Cámara suspendió provisoriamente la multa mientras analiza la apelación.
Según Chequeado, el gasto previsto para educación superior en 2026 está un 25,3% por debajo del de 2023 en términos reales. Laura Carboni, de AGD-UBA, explicó que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva cobró en octubre $561.659 brutos, cuando la ley le correspondería $741.111, un 32% más. Desde que asumió el actual gobierno, la inflación acumulada alcanzó el 344,15%, y los salarios docentes subieron 236,6%.
Hasta ahora, el Gobierno presentó una denuncia penal contra manifestantes y apeló la multa. No anunció actualización salarial ni fondos. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, repitió el pedido de que el Gobierno “cumpla”. La comunidad universitaria hace ese reclamo desde hace casi tres años.
