Zonas Frías ya es ley: 130.000 sanjuaninos pagarán más por el gas y el dinero irá a las empresas distribuidoras

El Senado convirtió en ley la reforma que quita el beneficio tarifario a millones de usuarios en 11 provincias. En San Juan, unos 45.000 hogares perderán el descuento por completo. Bruno Olivera votó a favor. Uñac y Giménez brillaron por su ausencia.

El Senado de la Nación convirtió el jueves en ley la reforma del régimen de Zonas Frías con 38 votos a favor y 8 en contra. El resultado fue posible porque el bloque peronista, en lugar de votar en contra, optó por retirarse del recinto para intentar bloquear el quórum. No lo logró. El gobierno de Javier Milei consiguió el mínimo de 37 senadores y la sesión avanzó sin resistencia efectiva. San Juan tuvo representantes en los dos papeles posibles de esa jornada: uno que apretó el botón verde y dos que eligieron no aparecer.

La reforma revierte buena parte de la ampliación del régimen que el kirchnerismo había aprobado en 2021, cuando el universo de beneficiarios del subsidio al gas pasó de 950.000 a casi 4 millones de usuarios en todo el país. Con la nueva ley, el beneficio automático por ubicación geográfica queda circunscrito a la Patagonia, al departamento mendocino de Malargüe y a la región de la Puna. Las 11 provincias que habían ingresado al esquema en 2021, entre ellas San Juan, pasan a un sistema focalizado por ingresos: solo conservarán el descuento los hogares cuya renta no supere las tres Canastas Básicas Totales, equivalentes en este momento a 4.816.000 pesos mensuales. También mantienen el beneficio los titulares del Certificado Único de Discapacidad, los residentes de barrios populares del ReNaBaP y los veteranos de Malvinas. El descuento, además, dejará de cubrir el transporte y la distribución del gas, y se aplicará únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte. A efectos prácticos: la boleta baja menos que antes, incluso para quienes conserven el subsidio.

En San Juan el impacto es concreto y mensurable. Alrededor de 130.000 usuarios residenciales en los departamentos con red de gas natural venían recibiendo descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas mensuales. De ese total, unos 45.000 hogares perderán el beneficio por completo, porque sus ingresos superan el umbral fijado por la nueva ley pero no alcanzan para absorber un tarifazo sin consecuencias. Los restantes 85.000 podrían conservar algún subsidio, aunque menor al actual y sujeto a lo que finalmente defina el Poder Ejecutivo Nacional mediante reglamentación.

Las cifras de lo que viene son las que cualquier familia debería conocer. Un usuario promedio de categoría R2-2 que hoy recibe el descuento del 30% paga alrededor de 34.121 pesos por mes. Sin el beneficio, esa factura trepará a 48.744 pesos: un salto del 43%. Para quienes tenían el descuento del 50%, el golpe es mayor. La boleta actual ronda los 24.372 pesos y pasará también a 48.744. El aumento supera el 100%. Una familia que pagaba lo que paga por el gas desde hace años verá esa cifra duplicarse de un invierno al otro.

El gobierno nacional presenta la medida como un ejercicio de focalización del gasto público. El argumento es que el subsidio dejará de ser universal para concentrarse en quienes genuinamente no pueden pagar. Desde esa lógica, el Estado se ahorra más de 200.000 millones de pesos en subsidios energéticos. Pero esa cifra no desaparece ni vuelve a los usuarios en otra forma. Se traslada directamente a las facturas de los hogares que pierden el beneficio y desde ahí va a la cadena de distribución y producción de gas, cuya distribuidora en San Juan y Mendoza es Ecogas. El dinero que el Estado deja de aportar no financia hospitales ni infraestructura: va a las empresas del sector energético. No es un ahorro para la sociedad. Es una transferencia desde el bolsillo de 45.000 familias sanjuaninas hacia el resultado operativo de las distribuidoras.

Para conseguir los votos necesarios en el Senado, el Poder Ejecutivo ofreció a los gobernadores del norte del país una compensación en tarifas eléctricas por un monto superior a los 140.000 millones de pesos. El mecanismo es revelador: para quitarles 200.000 millones a los usuarios de las zonas frías, el gobierno debió prometer 140.000 millones a las provincias cálidas. El costo político de la medida se distribuyó entre aliados. El costo económico recayó íntegramente sobre los usuarios.

En el Congreso, la representación sanjuanina tuvo posiciones dispares según la cámara y el momento. En Diputados, en mayo pasado, la diputada Nancy Picón, del espacio orreguista, votó a favor de la media sanción y defendió la medida durante el debate. Sostuvo que los sectores vulnerables mantendrían el beneficio y argumentó que solo cinco departamentos sanjuaninos están alcanzados por el subsidio, en referencia a los que tienen red de gas natural. El diputado peronista Cristian Andino salió a rebatirla desde el mismo recinto, asegurando que son diez los departamentos con acceso a ese servicio. La diferencia no es menor, porque de ella depende la cantidad real de hogares que quedan afuera.

En el Senado, el cuadro fue más nítido todavía. San Juan tiene tres representantes en la Cámara Alta: Bruno Olivera, de La Libertad Avanza; Sergio Uñac, del Partido Justicialista; y Celeste Giménez, de La Cámpora. Olivera votó a favor del proyecto. Uñac y Giménez no estuvieron presentes al momento de la votación porque el bloque peronista se había retirado del recinto. La maniobra opositora no evitó nada: el oficialismo sostuvo el quórum y la ley salió igualmente. Pero la decisión de no votar en contra merece una lectura. Había 8 votos negativos en la sesión. De haber integrado esa columna, los dos senadores sanjuaninos habrían llevado el número a 10, aún lejos de los 38 que votaron a favor pero con la diferencia de haber puesto el cuerpo en una sesión que definía el futuro de 130.000 usuarios de su provincia. Prefirieron el retiro estratégico.

El aumento concreto llegará a las facturas de los sanjuaninos en el invierno de 2027. El próximo julio, cuando las temperaturas bajen y el consumo de gas suba, quienes perdieron el beneficio pagarán entre un 43% y un 100% más de lo que pagaban antes. Para entonces estarán en marcha las campañas electorales de mitad de año. Los dirigentes que avalaron esta reforma, los que no opusieron resistencia efectiva y los que la defienden desde el llano estarán todos pidiendo votos. Las facturas del gas no van a tener fecha de vencimiento legislativo.