Docentes universitarios paran 72 horas desde el miércoles: el Gobierno apela el fallo, el Presupuesto 2027 no cierra y la UNSJ se acerca a 40 jornadas sin clases
El conflicto universitario entra esta semana en su etapa más tensa del año. La CONADU resolvió por mayoría, en un plenario de secretarios generales, un paro total de 72 horas para el miércoles 30 de septiembre, el jueves 1 y el viernes 2 de octubre
La Ley de Financiamiento Universitario cumple casi un año de sancionada y sigue sin aplicarse. Este martes vence el plazo que los gremios le dieron al Ejecutivo para evitar un paro que, en San Juan, alcanza a las facultades y a los colegios preuniversitarios.
El conflicto universitario entra esta semana en su etapa más tensa del año. La CONADU resolvió por mayoría, en un plenario de secretarios generales, un paro total de 72 horas para el miércoles 30 de septiembre, el jueves 1 y el viernes 2 de octubre. La medida solo se levantaría si el Gobierno nacional cumple, antes de hoy martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% que los gremios vinculan con la Ley 27.795 y con la intimación del juez federal Martín Cormick. Hasta donde pudo verificarse, no hubo un anuncio oficial en esa dirección, y sí uno en sentido contrario: la Casa Rosada confirmó que apelará la resolución judicial.
El origen del reclamo es conocido. El Congreso sancionó la ley de financiamiento en 2025, el Presidente la vetó y el Parlamento insistió con los dos tercios en ambas cámaras. El Ejecutivo terminó promulgándola, pero mediante el decreto 759/2025 condicionó su ejecución a la disponibilidad de fuentes de financiamiento. Esa salvedad abrió la vía judicial. Cormick dictó en diciembre de 2025 una cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles. La Cámara la confirmó y el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Estado porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. La cautelar quedó firme.
A comienzos de septiembre, Cormick rechazó el pedido oficial de levantarla y, días atrás, intimó al Gobierno a cumplirla íntegramente en cinco días hábiles, con la advertencia de aplicar multas diarias por cada jornada de demora. La respuesta del Ejecutivo fue anunciar una apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y analizar si pedirá efecto suspensivo. Funcionarios que siguen la causa sostienen que la cautelar ya se cumplió, y citan un acta firmada en junio con el Consejo Interuniversitario Nacional y los sindicatos que incluía un aumento de la masa salarial del 24,33% y una suba del 20% en gastos de funcionamiento. Los gremios responden que esa recomposición no alcanza. La última oferta paritaria fue de un 3% adicional, rechazada, y la negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre.
Al frente judicial se suma el presupuestario. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales 7,349 billones de pesos, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estima que el sistema necesita cerca de 11 billones. La diferencia ronda los 3,6 billones. La Casa Rosada admite que la partida puede modificarse durante el debate legislativo, aunque no prevé aceptar de forma automática la cifra que reclaman los rectores. Por eso el plan de lucha incluye, además del paro, articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de cada provincia y la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre.
La secretaria general de la CONADU, Clara Chevalier, enmarcó la medida en una discusión más amplia. Sostuvo que el plenario expresó el tiempo actual, en el que «lo colectivo está bajo asedio», y agregó que la unidad de las federaciones funciona como respuesta frente a la fragmentación que, según su lectura, promueve el Gobierno. La CONADU trabaja para coordinar el paro con la CONADU Histórica, que confirmó tres jornadas consecutivas de protesta.
En San Juan, los dos sindicatos de la Universidad Nacional, SiDUNSJ, de la CONADU, y ADICUS, de la CONADU Histórica, ratificaron el paro de 72 horas con cese total de actividades académicas y administrativas en las unidades de la UNSJ y en los colegios preuniversitarios. De concretarse, el alumnado llegará a 40 jornadas sin clases en lo que va del año, según consignó Diario de Cuyo. Esa cifra ya derivó en un reclamo judicial de padres de estudiantes preuniversitarios.
La secretaria general de SiDUNSJ, Guadalupe Aguiar, ubicó el conflicto en el terreno de las decisiones institucionales incumplidas. Describió un escenario con un Congreso que votó, una Justicia que intimó y «un Gobierno que se resiste a cumplir la ley». Aguiar cifró en 31,2% la pérdida salarial acumulada del sector y advirtió sobre una consecuencia concreta para la universidad local: docentes que dejan sus cargos para trabajar en otros sectores. Como referencia, mencionó que el sueldo de un ayudante semiexclusivo ronda los 654.000 pesos brutos, antes de descuentos. Ante el malestar de las familias por la continuidad de las clases, la dirigente sostuvo en abril que el problema no enfrenta a padres con docentes, porque todos reclaman que la universidad recupere el presupuesto necesario para funcionar.
El desenlace inmediato depende de dos definiciones. La primera es si el Ejecutivo altera su posición antes de que venza el plazo, algo que la apelación anunciada vuelve improbable. La segunda es lo que resuelva la Cámara sobre el efecto de esa apelación, que determinará si la amenaza de multas diarias sigue vigente mientras se tramita. Entretanto, el sistema universitario llega a la Marcha Federal del 15 de octubre con las aulas cerradas tres días más y sin una respuesta salarial.
