Reforma electoral en San Juan: un calendario que nadie cierra y una «torta» que se parte en dos

En la política argentina hay una verdad que resiste cualquier cambio de época: los sistemas electorales no son neutrales. O protegen a alguien, o excluyen a alguien. La reforma que se cocina en San Juan lo ilustra con una elegancia que casi da pena arruinarla con preguntas incómodas.

Si uno sigue la actualidad política de la provincia, se topa con un fenómeno llamativo: todos hablan de la reforma, pero casi nadie puede decir con precisión cuándo se votará en 2027. El vicegobernador Fabián Martín dice «cuanto antes», el gobernador Orrego dice «depende de lo que pase a nivel nacional», y la Legislatura espera un texto que todavía no termina de llegar. Lo único que parece cerrado es que la ley de lemas tiene que morir. Cómo, cuándo y con qué reemplazo, es un misterio que se resuelve a puertas adentro.

El esquema que circula tiene una lógica que, vista de lejos, parece razonable. Primarias en abril, pero ya no obligatorias. Generales en junio, despegadas del calendario nacional. Y la frutilla del postre: dos boletas el mismo día. Una para gobernador, vice y legisladores provinciales. Otra para intendentes y concejales. La misma urna, dos lógicas, como si la provincia se hubiera dividido en dos elecciones que comparten fecha por una cuestión de logística y no de diseño.

A esto hay que ponerle un nombre. Digamos: «la torta oscura, dividida en dos». No es una figura retórica. Es literal. El oficialismo necesita separar lo provincial de lo municipal porque los números no le cierran si van juntos. Cuando el elector ve en la misma boleta al candidato a gobernador y al candidato a intendente del mismo espacio, la decisión se vuelve binaria: todo o nada. En cambio, si le das dos boletas, le das la posibilidad de votar a un intendente opositor y a un gobernador oficialista, o al revés. Es lo que los consultores llaman, con cara de descubrimiento, «voto cruzado». Traducción: le damos al elector la libertad de elegir lo que nosotros no podemos elegir por él.

Ahora bien, hay que decirlo: la eliminación de la ley de lemas es una deuda pendiente desde hace años. El SIPAD, ese invento uñaquista que confundía al votante con una ingeniería de sumas y restas que ni los fiscales entendían del todo, tiene que desaparecer. El argumento técnico es sólido: en el sistema de lemas, el ciudadano vota a un candidato y su voto termina beneficiando a otro. Es, en el mejor de los casos, una metáfora involuntaria de la política argentina. En el peor, un mecanismo que desnaturaliza el acto eleccionario.

El problema no es el diagnóstico. El problema es la timing. Y la timing, en política, no es un detalle: es el mensaje.

El oficialismo maneja los tiempos de la Legislatura con la soltura de quien conoce el reglamento de memoria. El proyecto entra cuando tiene que entrar. La reforma se vota cuando conviene votarla. Y mientras tanto, el calendario electoral sigue abierto, como una ventana que se deja entreabierta para que entre el aire justo y no el que molesta.

La pregunta que nadie formula en voz alta es simple: si la reforma es tan buena, tan necesaria y tan urgente, ¿por qué no se aprobó ya? La respuesta, como casi siempre, tiene menos que ver con el interés general y más con la aritmética electoral. El oficialismo necesita llegar a 2027 con un sistema que le garantice gobernabilidad y, si se puede, reelección. La oposición necesita llegar a 2027 con un sistema que le permita capitalizar el desgaste ajeno. Y los intendentes, esos actores silenciosos que rara vez aparecen en las fotos pero siempre están en el conteo, necesitan que sus territorios sigan valiendo lo que valen.

Hay un detalle que merece un párrafo aparte. La no obligatoriedad de las primarias. Suena a libertad. Suena a modernidad. Suena a «confiamos en el criterio del ciudadano». Pero también suena a otra cosa: a que las primarias dejan de ser un mecanismo de participación masiva y se convierten en un trámite interno para militantes y punteros. La política partidaria vuelve a ser un club. Y los clubes, se sabe, tienen dueño.

En el fondo, lo que está en juego no es solo un cambio de reglas. Es un cambio en la distribución del poder. Cada modificación del sistema electoral es una apuesta a futuro. Y en San Juan, como en casi todas partes, la apuesta la hace el que tiene la pelota. El otro solo puede patearla cuando se la devuelven.

El calendario sigue sin cerrarse. Las primarias de abril, las generales de junio, las dos boletas, el fin del SIPAD, la sombra de la ley de lemas que se resiste a morir del todo. Todo está sobre la mesa. Nada está dicho. Y mientras tanto, los que esperan, esperan. Porque en política, el que espera con paciencia suele ser el que ya tiene el poder para hacer esperar a los demás.

La reforma electoral de San Juan no es un misterio. Es un cálculo. Y como todo cálculo, tiene un resultado que alguien ya conoce. El resto de nosotros lo vamos a ver en abril. O en junio. O cuando el oficialismo decida que ya es hora.

En la política argentina hay una verdad que resiste cualquier cambio de época: los sistemas electorales no son neutrales. O protegen a alguien, o excluyen a alguien. La reforma que se cocina en San Juan lo ilustra con una elegancia que casi da pena arruinarla con preguntas incómodas.

Si uno sigue la actualidad política de la provincia, se topa con un fenómeno llamativo: todos hablan de la reforma, pero casi nadie puede decir con precisión cuándo se votará en 2027. El vicegobernador Fabián Martín dice «cuanto antes», el gobernador Orrego dice «depende de lo que pase a nivel nacional», y la Legislatura espera un texto que todavía no termina de llegar. Lo único que parece cerrado es que la ley de lemas tiene que morir. Cómo, cuándo y con qué reemplazo, es un misterio que se resuelve a puertas adentro.

El esquema que circula tiene una lógica que, vista de lejos, parece razonable. Primarias en abril, pero ya no obligatorias. Generales en junio, despegadas del calendario nacional. Y la frutilla del postre: dos boletas el mismo día. Una para gobernador, vice y legisladores provinciales. Otra para intendentes y concejales. La misma urna, dos lógicas, como si la provincia se hubiera dividido en dos elecciones que comparten fecha por una cuestión de logística y no de diseño.

A esto hay que ponerle un nombre. Digamos: «la torta oscura, dividida en dos». No es una figura retórica. Es literal. El oficialismo necesita separar lo provincial de lo municipal porque los números no le cierran si van juntos. Cuando el elector ve en la misma boleta al candidato a gobernador y al candidato a intendente del mismo espacio, la decisión se vuelve binaria: todo o nada. En cambio, si le das dos boletas, le das la posibilidad de votar a un intendente opositor y a un gobernador oficialista, o al revés. Es lo que los consultores llaman, con cara de descubrimiento, «voto cruzado». Traducción: le damos al elector la libertad de elegir lo que nosotros no podemos elegir por él.

Ahora bien, hay que decirlo: la eliminación de la ley de lemas es una deuda pendiente desde hace años. El SIPAD, ese invento uñaquista que confundía al votante con una ingeniería de sumas y restas que ni los fiscales entendían del todo, tiene que desaparecer. El argumento técnico es sólido: en el sistema de lemas, el ciudadano vota a un candidato y su voto termina beneficiando a otro. Es, en el mejor de los casos, una metáfora involuntaria de la política argentina. En el peor, un mecanismo que desnaturaliza el acto eleccionario.

El problema no es el diagnóstico. El problema es la timing. Y la timing, en política, no es un detalle: es el mensaje.

El oficialismo maneja los tiempos de la Legislatura con la soltura de quien conoce el reglamento de memoria. El proyecto entra cuando tiene que entrar. La reforma se vota cuando conviene votarla. Y mientras tanto, el calendario electoral sigue abierto, como una ventana que se deja entreabierta para que entre el aire justo y no el que molesta.

La pregunta que nadie formula en voz alta es simple: si la reforma es tan buena, tan necesaria y tan urgente, ¿por qué no se aprobó ya? La respuesta, como casi siempre, tiene menos que ver con el interés general y más con la aritmética electoral. El oficialismo necesita llegar a 2027 con un sistema que le garantice gobernabilidad y, si se puede, reelección. La oposición necesita llegar a 2027 con un sistema que le permita capitalizar el desgaste ajeno. Y los intendentes, esos actores silenciosos que rara vez aparecen en las fotos pero siempre están en el conteo, necesitan que sus territorios sigan valiendo lo que valen.

Hay un detalle que merece un párrafo aparte. La no obligatoriedad de las primarias. Suena a libertad. Suena a modernidad. Suena a «confiamos en el criterio del ciudadano». Pero también suena a otra cosa: a que las primarias dejan de ser un mecanismo de participación masiva y se convierten en un trámite interno para militantes y punteros. La política partidaria vuelve a ser un club. Y los clubes, se sabe, tienen dueño.

En el fondo, lo que está en juego no es solo un cambio de reglas. Es un cambio en la distribución del poder. Cada modificación del sistema electoral es una apuesta a futuro. Y en San Juan, como en casi todas partes, la apuesta la hace el que tiene la pelota. El otro solo puede patearla cuando se la devuelven.

El calendario sigue sin cerrarse. Las primarias de abril, las generales de junio, las dos boletas, el fin del SIPAD, la sombra de la ley de lemas que se resiste a morir del todo. Todo está sobre la mesa. Nada está dicho. Y mientras tanto, los que esperan, esperan. Porque en política, el que espera con paciencia suele ser el que ya tiene el poder para hacer esperar a los demás.

La reforma electoral de San Juan no es un misterio. Es un cálculo. Y como todo cálculo, tiene un resultado que alguien ya conoce. El resto de nosotros lo vamos a ver en abril. O en junio. O cuando el oficialismo decida que ya es hora.