La minería sanjuanina y el trabajo sexual: la cordillera cambió la demanda, no la eliminó

San Juan es hoy la provincia con mayor actividad minera metalífera del país. Los grandes proyectos en la cordillera generaron una masa de trabajadores que pasan semanas o meses en campamentos a más de tres mil metros de altura, lejos de sus familias y de cualquier centro urbano. Esa dinámica particular produjo un fenómeno que pocas veces se discute en los foros donde se habla de regalías, empleo genuino y desarrollo regional: el vínculo entre la actividad minera y el trabajo sexual en la provincia fue mutando silenciosamente.

La lógica histórica en otras latitudes mineras del continente era previsible y brutal. En zonas de extracción ilegal o informal de la Amazonía y en campamentos auríferos de Bolivia, Perú o Colombia, el aislamiento extremo y la ausencia del Estado generaron condiciones para que se instalaran redes de trata de personas y explotación sexual que operaban a la sombra de la economía informal del oro. El patrón se repitió en distintos puntos de Sudamérica: donde había extracción, había campamentos, y donde había campamentos sin control estatal, la explotación encontraba terreno fértil.

San Juan no siguió ese camino, al menos no de esa manera. La minería metalífera que opera en la provincia lo hace dentro de marcos regulatorios formales, con campamentos cerrados, protocolos sanitarios estrictos y sistemas de rotación que alternan semanas de trabajo intensivo con períodos de descanso en la ciudad. Esas condiciones modificaron completamente la ecuación.

Según datos de AMMAR San Juan, la demanda que generan los trabajadores de la cordillera no se tradujo en un crecimiento de los servicios presenciales. Referentes gremiales señalan que, por el contrario, la actividad presencial retrocedió en los últimos años y algunas trabajadoras migraron hacia otras provincias. Lo que creció fue otra cosa: la compra de fotos y videos eróticos personalizados a través de plataformas digitales. Los mineros en rotación, con conectividad satelital en los campamentos y sin posibilidad de salir, canalizaron esa demanda hacia el contenido digital.

Los factores que explican el cambio son varios y ninguno opera de manera aislada. La geografía es el primero: un campamento a cuatro mil metros en la cordillera sanjuanina no tiene zonas de comercio informal alrededor. El segundo es sanitario: los protocolos de salud en los proyectos mineros formales incluyen controles periódicos y existe entre los trabajadores una conciencia instalada sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual que no existía con la misma intensidad en décadas anteriores. El tercero es económico: el ingreso de un trabajador minero es relativamente alto pero fluctúa, y el consumo de contenido digital representa un gasto acotado y sin exposición pública.

El resultado es una reconfiguración silenciosa de la demanda que tiene consecuencias concretas para las trabajadoras sexuales de San Juan. La minería no derramó sobre ese sector de la economía lo que muchos suponían que derramaría. Quienes esperaban que el boom minero provincial dinamizara los servicios presenciales se encontraron con una realidad distinta: el trabajador de la mina no baja al pueblo a gastar en eso. Gasta en una pantalla, desde el campamento, con la tarjeta del banco.

Esa migración digital abre preguntas que la discusión pública sobre minería y desarrollo todavía no incorporó. Las políticas laborales y sanitarias que acompañan a la actividad minera formal tienen efectos que van mucho más allá del empleo directo. Moldean conductas, redistribuyen demandas y transforman economías que nunca aparecen en los informes de impacto sectorial.