UTA paralizó el servicio y exige el pago de lo adeudado

San Juan amaneció este miércoles sin colectivos por una retención de servicios dispuesta por la UTA. La medida comenzó durante la mañana ante la falta de pago de haberes y otros conceptos que las empresas mantienen pendientes con los trabajadores.

El secretario general de la UTA San Juan, Marcelo Maldonado, fue contundente: no habrá servicio hasta que se acredite el dinero adeudado. No se trata de una discusión menor ni de una medida tomada por capricho. Detrás de cada unidad que no sale hay choferes que siguen esperando cobrar lo que ya trabajaron.

Mientras miles de usuarios padecen la falta de transporte, las empresas todavía no dieron una explicación pública. No informaron si pagarán, cuándo lo harán ni qué salida proponen para destrabar un conflicto que afecta de manera directa tanto a los trabajadores como a quienes necesitan viajar todos los días.

El silencio de los empresarios contrasta con la urgencia con la que se pretende cuestionar la protesta sindical. La discusión debería empezar por una pregunta básica: ¿por qué los trabajadores deben recurrir a una retención de servicios para cobrar lo que les corresponde?

Trabajo declaró ilegal la medida, pero no hay respuestas de las patronales

La Subsecretaría de Trabajo declaró ilegal la medida de fuerza. El subsecretario Franco Marchese salió rápidamente a marcar posición frente al paro y a exigir el restablecimiento del servicio, pero hasta el momento no se conocieron acciones concretas contra las compañías que incumplieron con sus obligaciones.

Esa forma de intervenir vuelve a despertar críticas. Cuando el reclamo nace de los trabajadores, la respuesta estatal parece inmediata: declaraciones de ilegalidad, intimaciones y presión para que se levante la medida. Cuando la falta viene de las patronales, en cambio, predominan las gestiones tibias y la ausencia de explicaciones.

El Gobierno no puede limitarse a pedir que los colectivos vuelvan a circular. Antes debe garantizar que se pague lo adeudado y que los trabajadores no tengan que elegir entre resignarse a cobrar tarde o detener la actividad para hacerse escuchar.

La retención de servicios seguirá, según advirtió Maldonado, hasta que se concrete el depósito. Del otro lado, las empresas continúan en silencio. Y mientras no aparezca una respuesta clara sobre el pago, el conflicto seguirá abierto.