UTA y ATAP, al borde de un nuevo choque por salarios

La Unión Tranviarios Automotor declaró el estado de alerta en San Juan y advirtió que retendrá servicios si las empresas no cumplen con el acuerdo salarial firmado el 23 de septiembre. La cámara empresaria ATAP ya anticipó que no puede afrontar los pagos. El Gobierno provincial, por ahora, mira desde un costado y sostiene que no hay deuda pendiente.

El conflicto no es nuevo. Es la enésima reedición de una película que los usuarios de la Red Tulum conocen de memoria: el gremio denuncia incumplimientos, los empresarios alegan asfixia financiera, el Estado provincial reparte culpas y promesas, y los colectivos siguen circulando con frecuencias recortadas y unidades que llegan cuando quieren.

Esta vez, el detonante tiene fecha y monto. El 23 de septiembre, UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) suscribieron ante la Secretaría de Trabajo de la Nación las nuevas pautas salariales para los choferes del interior del país. El acuerdo estableció un incremento del 10,5% sobre los salarios totales con retroactividad al 1 de septiembre, viáticos de 3.000 pesos por jornada trabajada y una gratificación extraordinaria no remunerativa de 60.000 pesos correspondiente a septiembre, cuyo pago quedó fijado para el 15 de octubre.

Para UTA San Juan, el pacto está cerrado y es de cumplimiento obligatorio. Para ATAP, la historia es otra.

La cámara empresaria local ya manifestó públicamente su negativa a acatar lo firmado. El argumento que repiten desde hace meses es siempre el mismo: los costos operativos subieron, la tarifa no alcanza, los subsidios provinciales no cubren la estructura y los sueldos se vuelven imposibles de sostener sin asistencia estatal. En mayo, cuando el conflicto escaló por diferencias salariales adeudadas de enero y febrero, desde ATAP ya advertían que la falta de adecuación tarifaria les impedía reunir los fondos para pagar. La intervención del Gobierno provincial destrabó aquel episodio con un acuerdo de pagos escalonados. Seis meses después, la situación vuelve al punto de partida.

El comunicado que UTA difundió este martes lleva la firma de José A. Femenía, secretario de Organización y Asuntos Gremiales, y está respaldado por más de treinta firmas manuscritas de delegados de distintas líneas. El texto declara el estado de alerta, anuncia asambleas permanentes y advierte sobre una posible retención de servicios en tres franjas horarias: de 5:30 a 7, de 11 a 13 y de 20 a 22. La medida queda supeditada a un solo escenario: que las empresas liquiden los haberes de forma incompleta o directamente incumplan lo pactado.

No hay fecha de paro. No hay cronograma de interrupciones. Por ahora, es una advertencia con la mecha encendida y el reloj en manos de los empresarios.

La pelota, entonces, queda en cancha de ATAP. Y ATAP ya dejó claro que no piensa jugar.

El sector empresario sostiene que el sistema tiene un déficit estructural que ninguna actualización tarifaria alcanza a cubrir. En Córdoba, donde el conflicto con AOITA es paralelo, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor (FETAP) calculó ese agujero en 5.000 millones de pesos mensuales. En San Juan no hay una cifra pública actualizada, pero la lógica que esgrimen los empresarios es idéntica: si el Estado no pone más plata, no hay forma de pagar los aumentos. Y si el Estado pone más plata, el problema se patea unos meses y vuelve.

El Gobierno de San Juan, mientras tanto, mantiene una posición que oscila entre la vigilancia y la distancia. Fuentes oficiales reconocen que la Provincia está al día con sus obligaciones hacia el sector y deslizan que la responsabilidad de resolver el conflicto recae sobre las empresas. La ministra de Gobierno, Laura Palma, recordó hace apenas unos días que San Juan destina 3.250 millones de pesos mensuales en compensación tarifaria y que solo el 17% de los pasajeros paga la tarifa plena de 1.300 pesos. Sin ese subsidio, el boleto costaría alrededor de 2.600 pesos.

El mensaje oficial es claro: el Estado ya hace su parte. Lo que no dice la ministra es que ese mismo argumento lo escuchan los empresarios desde hace meses, y que el sistema sigue sin cerrar.

La historia reciente ofrece pocas señales de optimismo. En mayo, el Gobierno provincial intimó a UTA a garantizar el 50% del servicio invocando la Ley de Modernización Laboral, que categoriza el transporte como servicio trascendental. La medida buscaba evitar que un paro dejara a la provincia sin colectivos, pero también sentó un precedente incómodo para el gremio: a partir de ahora, cualquier medida de fuerza tiene un piso legal que la limita. En julio, el Ejecutivo amenazó con multas a las empresas si las inspecciones confirmaban la reducción de frecuencias que la propia UTA había reconocido como decisión patronal. Las multas, si se aplicaron, no cambiaron la ecuación de fondo.

Lo que está en juego esta vez es concreto: el pago de la gratificación de 60.000 pesos prevista para el 15 de octubre y la aplicación retroactiva del 10,5% en los haberes de septiembre. Si ATAP cumple, el conflicto se desactiva por unos meses. Si no cumple, UTA tiene el respaldo de treinta delegados y un comunicado que ya dejó constancia de que no piensa quedarse de brazos cruzados.

Los usuarios, como siempre, son los últimos en enterarse y los primeros en sufrir las consecuencias.