Violencia adolescente en San Juan: dos crímenes en siete días que estremecen a la provincia
La provincia de San Juan atraviesa una de las semanas más violentas de su historia reciente en lo que a criminalidad juvenil se refiere. Dos homicidios ocurridos con apenas siete días de diferencia tienen un denominador común que preocupa a las autoridades, a las familias y a los propios investigadores: tanto las víctimas como los […]
La provincia de San Juan atraviesa una de las semanas más violentas de su historia reciente en lo que a criminalidad juvenil se refiere. Dos homicidios ocurridos con apenas siete días de diferencia tienen un denominador común que preocupa a las autoridades, a las familias y a los propios investigadores: tanto las víctimas como los presuntos responsables son adolescentes que no superan los 19 años. Uno murió por un disparo en el rostro que, según la pesquisa, partió de la mano de su propia novia. El otro fue ultimado a puñaladas a la salida de una fiesta, en medio de una gresca entre menores. Los dos casos quedaron bajo la órbita de la Justicia de Menores y encendieron las alarmas en una provincia que hasta hace poco no registraba este tipo de episodios con semejante frecuencia.
El primer golpe llegó el lunes 14 de septiembre por la noche, en una vivienda de la Villa 1° de Mayo, en el departamento de Chimbas. Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, fue encontrado con un disparo en el rostro. La primera versión que llegó a los investigadores hablaba de dos personas encapuchadas que habían ingresado al domicilio para atacarlo. La hipótesis tomó fuerza porque el joven había denunciado horas antes una extorsión y había recibido amenazas a través de redes sociales. Todo parecía indicar un ajuste de cuentas.
La autopsia, sin embargo, demolió esa construcción en cuestión de horas. El informe forense determinó que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho. La trayectoria y la corta distancia del disparo eran incompatibles con un ataque ejecutado desde el exterior de la vivienda. Los investigadores volvieron sobre los testimonios de quienes estaban dentro de la casa y las contradicciones comenzaron a aparecer. Las cámaras de seguridad particulares de la zona también aportaron datos que desmentían la versión del ataque de desconocidos.
El foco se posó entonces sobre la novia de Quinteros, una adolescente de 16 años que se encontraba en la vivienda al momento del disparo. Fue detenida en la madrugada del martes durante uno de los cuatro allanamientos simultáneos ordenados por los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro. Días después, quedó imputada por homicidio agravado por el uso de arma de fuego ante el juez de Menores Jorge Toro. Por recomendación de su defensa, la joven se abstuvo de declarar.
La reconstrucción que finalmente se impuso señala que el arma, una pistola calibre 9 milímetros, se habría accionado de manera involuntaria. La versión que circuló entre los investigadores fue que «se le escapó» el disparo durante una discusión. Pero lo que terminó de sepultar el relato inicial fue la declaración de la dueña de la vivienda, quien relató que al llegar a la propiedad encontró a la adolescente llorando de forma desconsolada y confesándole lo que había pasado. La causa, además, derivó en una segunda línea investigativa por presunto encubrimiento contra un amigo cercano a la víctima que habría intentado sostener la coartada del ataque externo.
Siete días después, en la madrugada del lunes 21 de septiembre, la violencia volvió a golpear. Esta vez en la zona de Quinta Don Pedro, en inmediaciones de calle Alfonso XIII y calle 14, en el departamento de Pocito. Allí se desarrollaba un festejo privado por el Día del Estudiante. A la salida, lo que habría comenzado como una discusión derivó en una gresca generalizada entre menores.
Los detalles que trascendieron son confusos, pero una de las hipótesis que maneja la investigación apunta a que un ladrillazo contra un vehículo habría sido el detonante. Los jóvenes habrían detenido la marcha para revisar los daños y en ese momento se desató el enfrentamiento. En medio de la pelea, dos hermanos gemelos de 17 años fueron atacados con un arma blanca. Uriel Alejandro Ríos Echegaray recibió una herida punzocortante en el tórax. Su hermano sufrió lesiones en el tórax y en el miembro superior izquierdo.
Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital de Pocito y luego derivados al Hospital Rawson. Uriel llegó con el arma blanca aún clavada en el pecho, según trascendió de fuentes ligadas a la causa. Pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 8:05 de la mañana. Su hermano gemelo permanece internado y, según las fuentes consultadas, se encontraría fuera de peligro.
Los presuntos agresores habrían escapado del lugar a bordo de un automóvil. La Policía montó un operativo para localizarlos, pero hasta el momento no se informó sobre detenciones. La investigación, a cargo de la UFI Delitos Especiales, trabaja en reconstruir la secuencia de la pelea e identificar a los responsables.
Quienes conocían a Uriel lo describieron como un adolescente tranquilo, sin antecedentes de violencia. «Era un chico muy tranquilo, no era conflictivo ni nada que se le parezca. No entendemos cómo esto pudo pasarle a él», declaró uno de sus amigos, aún consternado.
Los dos casos comparten algo más que la cercanía temporal. En ambos, las víctimas y los presuntos victimarios son jóvenes que no superan los 19 años. En Chimbas, una adolescente de 16 años está imputada por dispararle a su novio. En Pocito, un grupo de menores protagonizó una pelea que terminó con un chico de 17 años muerto a puñaladas y su hermano gemelo herido. Ninguno de los dos episodios involucra a adultos en la escena directa del crimen.
La diferencia entre ambos hechos también es significativa. El caso de Chimbas se resolvió en cuestión de horas porque las pruebas forenses desmintieron la versión inicial y las contradicciones en los testimonios expusieron una trama de encubrimiento. El de Pocito, en cambio, presenta un escenario más opaco: los agresores huyeron, la mecánica exacta de la pelea aún no está esclarecida y la investigación recién comienza.
Lo que ambos episodios dejan al descubierto es una realidad que las autoridades locales venían advirtiendo de manera dispersa: la violencia entre adolescentes en San Juan dejó de ser un fenómeno aislado. Los casos se acumulan y el sistema de Justicia Penal Juvenil, según reconocen los propios funcionarios, no está preparado para procesarlos con la celeridad ni la infraestructura que requieren.
La detención de la adolescente de 16 años en Chimbas se convirtió en el primer caso grave que ingresó bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. Y expuso de inmediato las falencias estructurales del sistema. La fiscal de Niñez y Adolescencia, Paula Carena, fue categórica al respecto: «Desde lo fáctico, en este régimen no tenemos el lugar para alojar a una niña que está infringiendo una ley. Sabemos que no puede estar con adultos».
La adolescente fue trasladada al Centro de Admisión y Derivación de Santa Lucía, un espacio de contención transitoria que no fue diseñado para alojar a menores imputados por homicidio. Fuentes judiciales señalaron que permanece separada de los demás adolescentes y con vigilancia policial femenina, pero la situación dista de ser la ideal. El Poder Ejecutivo provincial trabaja en la adaptación de espacios, pero los tiempos de la burocracia no se compadecen con la urgencia de los casos que siguen llegando.
La fiscal Carena también explicó que bajo la Ley 754-O no existe la prisión preventiva para menores y que una persona adolescente no puede permanecer detenida por más de 60 días bajo ese esquema. Con la entrada en vigencia de la Ley nacional 27.801 el 5 de septiembre, el sistema atraviesa una transición que agrega incertidumbre a cada nuevo expediente.
La causa por la muerte de Gonzalo Quinteros en Chimbas continúa bajo la órbita del juez Jorge Toro, con la adolescente imputada por homicidio agravado y a la espera de que se resuelva su situación procesal. La investigación paralela por encubrimiento contra el entorno de la víctima sigue su curso. Queda por determinar, entre otras cosas, si el disparo fue efectivamente accidental o si existió intención de matar, una diferencia que puede cambiar por completo el futuro judicial de la joven.
En Pocito, la pesquisa recién comienza. La UFI Delitos Especiales busca identificar a los autores del ataque que terminó con la vida de Uriel Ríos. Los agresores están prófugos, la mecánica de la pelea no está del todo clara y la familia de la víctima, mientras espera respuestas, inició una colecta solidaria para afrontar los gastos del servicio fúnebre. El alias difundido para colaborar es Orianna.16.mp.
Dos muertes en siete días. Dos investigaciones que avanzan por carriles distintos pero que confluyen en un mismo punto: la violencia entre adolescentes dejó de ser una advertencia para convertirse en una emergencia que San Juan todavía no sabe cómo enfrentar.