Seis cuarteles cerrados, 280 voluntarios al límite y un gobierno que mira para otro lado: la deuda que San Juan tiene con sus bomberos
La gestión provincial asiste con módulos de mercadería y colchones a los Bomberos Voluntarios, sin transferir recursos para el funcionamiento de los cuarteles
Llevan catorce años pidiendo una ley que los ampare. Recibieron colchones. El primer cuartel de la provincia subsiste vendiendo pollos los fines de semana. El último Zonda los empujó hasta el borde. El gobierno de Orrego aún no encontró el tiempo para debatir la norma que nadie discute que es necesaria.
Hay cosas que uno aprende después de décadas cubriendo emergencias en esta provincia. Una de ellas es que el valor no se improvisa, pero el abandono sí se sostiene con una consistencia que asombra. En San Juan hay 16 cuarteles de bomberos voluntarios. Solo 10 funcionan. Los seis restantes cerraron o están en vías de cerrar, no porque no haya vecinos dispuestos a ponerse el traje ignífugo y salir a la calle, sino porque no hay dinero para pagar el combustible, mantener los vehículos o cubrir el seguro del próximo herido en servicio. Esto no ocurrió de golpe. Ocurrió durante años, ante la mirada de varios gobiernos que prometieron resolver el problema y encontraron otras urgencias.
El sistema de financiamiento de los bomberos voluntarios en la Argentina fue diseñado para no costarle nada al Estado. La Ley Nacional 25.054 establece que los cuarteles se financian con el 5 por mil de las primas de los seguros que contrata la ciudadanía. El dinero ya está recaudado antes de que llegue a los cuarteles: lo retiene la Superintendencia de Seguros y el Ministerio de Seguridad lo distribuye. Esa es la teoría. La práctica del gobierno de Javier Milei es otra: la segunda cuota del ciclo anterior nunca se transfirió. En todo el país hay más de 59.000 millones de pesos retenidos, y en San Juan cada cuartel espera unos 45 millones que necesita para mantener vehículos, comprar indumentaria y seguir siendo operativo. No es plata que el Estado inventó: es plata que ya cobró y no entregó.
Sobre ese agujero nacional se superpone la desidia provincial. La asistencia que el gobierno de Marcelo Orrego brinda a los cuarteles voluntarios de San Juan consiste en entre 15 y 30 modulos mercaderías mensuales por institución, dependiendo de cada caso. Algunos municipios suman combustible de manera esporádica. El resto lo pone el voluntario con su propio tiempo, su propio cuerpo y, cada vez más, su propio bolsillo. Sergio Cuello, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Juan, lo describió con una precisión que no necesita adornos: «Si bien hay municipios que ayudan a los cuerpos con combustible, o la provincia con mercadería y colchones, no logramos cubrir el desfinanciamiento que tenemos». En 2026, la respuesta institucional a una organización de respuesta de emergencias son colchones.
Esta no es la primera vez que la realidad lo demuestra. El 26 de agosto, otro Zonda abrió 42 frentes de incendio entre el mediodía y la medianoche. Desde Pocito, después de seis horas continuas de trabajo sin relevo, el bombero voluntario Agustín Moya filmó un video desde las ruinas. Tenía la cara tiznada y una sola pregunta: «¿Para cuándo la ley? ¿Para cuándo la ley del bombero voluntario?». El video se volvió viral. La ley no se votó.
El reclamo de una norma provincial que regule y proteja la actividad de los bomberos voluntarios no es nuevo. El primer proyecto ingresó a la Legislatura en 2012. Desde entonces pasaron cuatro gobernadores y al menos tres gobiernos distintos. El reclamo sobrevivió a todos ellos con su urgencia intacta y sus proyectos cajoneados. Los bomberos piden cosas razonables y verificables: un fondo provincial financiado con un porcentaje del Impuesto Inmobiliario para garantizar equipamiento, infraestructura y mantenimiento de unidades; una obra social para el voluntario y su familia; un reconocimiento económico vitalicio para quienes alcancen los 25 años de servicio; la inembargabilidad de los bienes de los cuarteles; el financiamiento estatal del seguro de los vehículos operativos. Cuello sintetizó la brecha con una comparación que debería figurar en cualquier debate legislativo: un bombero retirado en la provincia de Buenos Aires percibe alrededor de 900.000 pesos mensuales. En San Juan, esa cifra es cero.
El 2 de junio de este año, Día Nacional del Bombero Voluntario, los cuarteles marcharon al Centro Cívico y entregaron un petitorio formal al gobernador Marcelo Orrego y al vicegobernador Fabián Martín. La movilización terminó con incidentes y con un intento de la Policía de detener al propio Cuello en la vía pública. Hace tres semanas, pasacalles con el mensaje «Sr. Gobernador, la Ley de Bomberos también es una emergencia» aparecieron pegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La Federación describe la relación con la gestión actual como una falta de diálogo que no cede. Dos proyectos de ley duermen en la Cámara de Diputados provincial sin fecha de tratamiento.
La pregunta es simple, aunque la respuesta venga cargada de incomodidad política. San Juan tiene inviernos secos, vientos Zonda estacionales, pastizales que se incendian, barrios que crecen sobre suelos sin infraestructura de emergencias y una ciudadanía que depende de voluntarios que trabajan gratis, se pagan los remedios entre colegas y venden pollos para sostener el cuartel. Eso no es una crisis nueva. Es el estado normal de las cosas hace catorce años, y la pregunta que cualquier gobierno debería responder no es qué espera para votar la ley. La pregunta es qué necesita perder primero.
