Cinthia Fernández llegó a San Juan y la figura del intendente de Angaco vuelve a quedar en el centro de la escena
Nueva denuncia contra el Intendente de Angaco
José Castro lleva años gobernando Angaco con causas judiciales en la espalda. La llegada este martes de la mediática Cinthia Fernández junto al abogado Roberto Castillo no hizo más que volver a poner bajo los reflectores una historia que los Tribunales sanjuaninos conocen de memoria.
Fernández acompañó a Castillo, su pareja, quien pisó la provincia para avanzar en dos frentes. Por un lado, la defensa de Facundo Nievas, empleado municipal de Angaco condenado a cuatro años de prisión por peculado, para quien el letrado presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa sostiene que documentación vinculada al denominado pasaje Nieva no fue valorada correctamente durante el proceso y que el terreno pertenecía al municipio. Por el otro, Castillo confirmó la presentación de una denuncia penal contra Castro y los funcionarios que pudieran resultar involucrados, con figuras como peculado de trabajos o servicios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El planteo central es que empleados, vehículos, herramientas y tiempo laboral del municipio habrían sido utilizados en propiedades particulares. Según el relato que sostiene la denuncia, Nievas terminó preso después de negarse a seguir realizando esos trabajos.
Fernández, que estudia Abogacía e integra el equipo de Castillo, no se guardó nada en las redes. Llamó a Castro «corrupto» sin rodeos. La exposición pública le dio al caso una visibilidad que difícilmente hubiera tenido sin su presencia. Castro respondió durante la entrega de viviendas que realizó el mismo martes: dijo que nadie se comunicó con él y que está tranquilo, enfocado en su gestión.
El historial judicial del intendente no es menor. A fines de 2019, mientras cerraba su segundo mandato, el propio Concejo Deliberante de Angaco lo denunció por haber utilizado maquinaria y personal municipal en un predio privado ubicado en Chimbas. La situación fue tan grave que el cuerpo deliberativo llegó a suspenderlo en su cargo, aunque el apartamiento duró apenas 24 horas: Castro presentó un recurso de amparo y retornó. La causa penal avanzó igualmente y en 2020 fue procesado por el juez Benedicto Correa por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos que prevén penas de entre dos y seis años más inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pese a ese procesamiento confirmado, Castro se presentó como candidato en 2023 y ganó la intendencia por apenas 79 votos sobre el bloquista Carlos Maza Pezé, retomando el municipio que ya había conducido durante dos períodos entre 2011 y 2019. La Justicia fijó el inicio del juicio oral para el 23 de febrero de 2026. Pero antes de que el debate comenzara, Castro intentó esquivarlo: impulsó un acuerdo de reparación por cinco millones de pesos destinados a Cáritas, avalado por tres concejales oficialistas. La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi no solo anticipó que rechazaría el acuerdo sino que además denunció penalmente al intendente y a los tres ediles que lo aprobaron, considerando que la maniobra fue «institucionalmente grave» y que podría configurar un intento de arrogarse facultades que corresponden exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Eso abrió una segunda causa. En julio de 2026, el juez Gerardo Fernández Caussi habilitó la formalización de esa investigación y le dio al fiscal Francisco Nicolía siete meses para reunir pruebas y definir si el caso termina en juicio.
A ese acumulado de causas se suma otro episodio que graficó el estilo de gestión de Castro: en noviembre de 2024, productores rurales de Angaco denunciaron a nivel nacional que el intendente había impulsado ordenanzas para expropiar casi 450 hectáreas de unos 40 productores bajo el amparo de la «utilidad pública», con el presunto objetivo de lotear los terrenos. La historia venía de su primera gestión, cuando ya había avanzado con expropiaciones similares. La presión de los productores y la repercusión mediática obligaron a Castro a comprometerse a derogar las ordenanzas.
El episodio que terminó de tensar la relación de Castro con el gobierno provincial ocurrió [completar con el detalle del encuentro con Orrego en la Legislatura y la situación de amenaza que conocés de primera mano]. Desde entonces, la relación entre Angaco y Casa de Gobierno quedó en una zona de frialdad que el intendente administra con el mismo estilo que usa en los Tribunales: aguantar, negar y seguir.
La denuncia presentada por Castillo es una presentación judicial, no una sentencia. La Justicia sanjuanina deberá ahora determinar si los hechos configuran delitos. Pero lo que el expediente no puede borrar es el contexto: Castro enfrenta hoy tres causas penales activas, gobierna Angaco con un procesamiento firme por malversación y tiene un juicio oral pendiente de nueva fecha. La visita de Cinthia Fernández lo recordó de la manera más visible posible.
