Con ausencias y sin Zoom, avanzó hoy la causa del Acueducto Tulum, mientras Ruiz insiste en llevarla a la Justicia federal
"No hay conflicto de competencia, aún. Rafecas sólo pidió los antecedentes para resolver el planteo de Ruiz. El caso de las computadoras, donde el propio exjefe de policía Martínez se autodenunció, presagia que el planteo no va a prosperar."
La jueza de Garantías Mónica Lucero llevó adelante hoy la audiencia de formalización de cargos por el Acueducto Gran Tulum. De los once investigados, no todos se presentaron: faltaron el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, que justificó su ausencia con documentación y estuvo representado por sus abogados. Sí llegaron a Tribunales el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, y Gustavo Mastelono, vinculado a Krah América Latina, la empresa proveedora de los caños de la obra. La jueza rechazó los pedidos para participar de forma virtual («No autorizo las audiencias virtuales», dijo) y restringió la circulación en la zona por razones de seguridad: a la prensa la pasaron a una sala contigua. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, presentaron los hechos atribuidos a cada uno de los once investigados, las figuras penales en danza y el rol que les atribuyen.
En paralelo corre otro planteo. Ruiz sostiene, en una inhibitoria que presentó el 9 de octubre ante el juzgado federal de Daniel Rafecas (expediente CFP 5004/2026), que la obra se financió con 198.087.476,50 dólares en total, de los cuales 99.043.738,25 dólares salieron de fondos nacionales, y que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación supervisó la obra, autorizó los desembolsos y controló su ejecución. El 13 de octubre, Rafecas le pidió a la Fiscalía sanjuanina y a la jueza Lucero que informen qué hechos investigan y en qué estado está el expediente. Con esas respuestas en mano va a girar la cuestión de competencia al fiscal federal. Por ahora no hay ninguna resolución que traslade la causa ni que suspenda el proceso provincial. Este mismo miércoles, Ruiz designó a su abogado ante el fuero federal, Patricio O’Gorman Themudo Lessa.
La defensa va más allá del fuero. Ruiz sostiene que no pudo acceder al expediente ni conocer en concreto la acusación en su contra. Su abogado, Mohamed Nasser Uzair, denunció selectividad: cuestionó que citen a Cristian Andino por haber presidido OSSE mientras no aplican el mismo criterio con otros funcionarios, entre ellos José Luis Beltrán, el actual titular de la empresa, designado por Marcelo Orrego, a quien atribuyó responsabilidades en el control de la obra. «Queremos una investigación independiente del poder y una Justicia transparente. Existe una evidente selectividad en la actuación de los fiscales», dijo Nasser Uzair. Esa crítica también apunta a la Fiscalía que conduce Guillermo Baigorrí, exdiputado y expresidente de Producción y Trabajo, el partido del gobernador.
Marcelo Arancibia, el abogado que en diciembre de 2025 presentó la denuncia que dio origen a la causa, le bajó el tono a ese planteo en un mensaje a Manso!Diario: «No hay conflicto de competencia, aún. Rafecas sólo pidió los antecedentes para resolver el planteo de Ruiz. El caso de las computadoras, donde el propio exjefe de policía Martínez se autodenunció, presagia que el planteo no va a prosperar.»
La causa sigue, por ahora, en San Juan. Los fiscales investigan irregularidades en la contratación, la compra de caños, los precios pagados, la calidad de los materiales y un posible perjuicio económico para la provincia, en una obra que allanaron en septiembre en oficinas vinculadas a Krah América Latina, donde secuestraron documentación y equipos informáticos, y que todavía está sin terminar.
