De Martín a Miodowsky: la misma periferia, la misma desatención

Ocho años de Fabián Martín al frente de la Municipalidad de Rivadavia y casi tres de la gestión de Sergio Miodowsky, su sucesor dentro del mismo espacio político, no alcanzaron para achicar una brecha que los propios vecinos de La Bebida denuncian desde hace más de una década: la de un departamento partido en dos, con una periferia popular que recibe una atención municipal distinta a la que reciben las zonas donde el orreguismo tiene su base electoral más consolidada.

La Bebida concentra hoy más de treinta barrios y asentamientos. Según cálculos de las propias uniones vecinales, allí vive alrededor del treinta por ciento de la población total de Rivadavia. Es, sin embargo, una zona que sigue funcionando con una sola comisaría, un centro de salud que no llega a cubrir la demanda y escuelas primarias y secundarias que operan sobrepobladas. El contraste con el discurso oficial de gestión es evidente. En su último balance de gestión, Martín destacó la instalación de alumbrado LED en más de ciento treinta barrios del departamento y la construcción de playones deportivos en distintos puntos de Rivadavia. La pregunta que late detrás de esos números es otra: cuántos de esos playones y de esas luminarias llegaron efectivamente a La Bebida, y cuántos se concentraron en barrios donde el esfuerzo político rinde mejor en las urnas.

El reclamo de fondo no es nuevo ni surgió con esta gestión. En 2020, referentes vecinales de La Bebida llegaron a presentar una nota formal pidiendo convertirse en el departamento número veinte de la provincia, argumentando que no contaban con la misma atención municipal que el resto de Rivadavia. La propuesta terminó archivada, pero el diagnóstico que la motivó sigue vigente: mientras la localidad multiplicaba su población, la infraestructura pensada para sostenerla permanecía prácticamente igual.

La erradicación de los asentamientos Pellegrini, La Paz, La Defensa y Evita, ejecutada durante la gestión provincial anterior, trasladó a cientos de familias hacia los barrios Ingeniero Céspedes y Sierras de Marquesado. Fue una respuesta al problema habitacional, pero no resolvió las carencias estructurales que rodean a esa población: el transporte público sigue siendo insuficiente, la oferta educativa y sanitaria continúa por debajo de lo que exige el crecimiento demográfico, y buena parte de los espacios recreativos que sí se construyeron en otros barrios de Rivadavia tardaron mucho más en llegar, cuando llegaron, a la zona de La Bebida.

El cambio de gestión, en diciembre de 2023, no modificó ese mapa. Miodowsky asumió como continuidad directa del espacio de Martín, hoy vicegobernador de la provincia junto a Marcelo Orrego, y mantuvo el mismo estilo de gestión territorial basado en convenios puntuales por barrio, como el programa Juntos por tu Barrio. Son intervenciones que resuelven problemas concretos y localizados, pero que no alteran la lógica de fondo: la de una periferia que negocia mejoras una por una, mientras otras zonas del departamento las reciben como parte de una planificación integral.

El temporal de enero de este año volvió a mostrar esa asimetría en carne viva. Los alrededores de calle Morón, en La Bebida, concentraron las peores consecuencias del fenómeno climático, con decenas de familias asistidas de urgencia y un grupo de vecinos evacuado hacia el RIM 22. El operativo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial funcionó para contener la emergencia, pero no explicó por qué, después de ocho años de gestión de Martín y con Miodowsky ya al frente del municipio, la infraestructura de la zona seguía siendo tan vulnerable frente a un temporal.

A ese cuadro de desatención se suma, en los últimos meses, una seguidilla de intervenciones a instituciones intermedias del departamento que despertó sospechas entre los propios vecinos, y que algunos ya empiezan a leer como algo más que una coincidencia administrativa. En mayo de este año, la Inspección General de Personas Jurídicas intervino la Unión Vecinal del barrio Aramburu, con el argumento de fallas administrativas, y puso fin al mandato de Augusto Pérez Garro, que conducía la entidad desde hacía doce años. En su lugar, el organismo designó un interventor con ciento ochenta días de plazo para armar el padrón de socios, revisar el estatuto y convocar a elecciones.

Pérez Garro no se quedó callado. En una publicación pública, el dirigente denunció que el mismo patrón de intervención estatal que sufrió meses antes al frente de Sportivo Desamparados, cuando la Legislatura provincial avanzó sobre el club, se repitió después con la Unión Vecinal Aramburu. Según su relato, había advertido a los legisladores que la AFA no reconoce interventores impuestos por un gobierno, sino presidentes elegidos por los socios, y que por eso aceptó resignar su cargo a través de una asamblea antes que exponer al club a perder su afiliación. «No contentos con eso, vinieron también por la Uvba Aramburu», escribió, y cuestionó que la Inspección General de Personas Jurídicas se hubiera excedido en sus funciones. Para Pérez Garro, el organismo debería limitarse a auditar y controlar plazos y procedimientos formales, e intimar o emplazar en caso de incumplimiento, en lugar de intervenir e imponer autoridades ajenas a la elección de los propios socios. No era la primera vez que hablaba en esos términos: un año antes, al cumplirse su salida de Desamparados, ya había escrito en redes que dejó el club «bajo una fuerte presión política» y que en 2023 quedó «solo y con todos en contra: Gobierno, Municipios, Deportes, Personería Jurídica», entre otros sectores.

Apenas tres meses después de la intervención en Aramburu, el patrón volvió a repetirse en otro barrio de Rivadavia. El 6 de agosto, la asamblea para renovar autoridades de la Unión Vecinal Rivadavia Norte terminó en reclamos y forcejeos, después de que Personería Jurídica resolviera no oficializar la lista opositora que encabezaba Lautaro Giménes. El organismo justificó la decisión señalando que unas sesenta personas se habían asociado a la entidad después de convocada la asamblea, cuando la unión vecinal contaba con apenas ochenta socios activos. El propio estatuto de la institución, sin embargo, no establece ningún plazo mínimo de antigüedad para votar o ser candidato, un detalle que la lista de Giménes utilizó para calificar la resolución de arbitraria. El dirigente denunció además que varios vecinos habían intentado asociarse antes del llamado a elecciones, pero no pudieron hacerlo porque la sede de la vecinal permanecía cerrada o porque recibieron respuestas que les impidieron completar el trámite. La jornada terminó con discusiones, empujones y vecinos que aseguraron haber sido retirados del lugar donde se desarrollaba la asamblea.

Ninguno de los dos episodios prueba por sí solo una maniobra política coordinada desde el municipio o desde la provincia. Personería Jurídica sostiene, en ambos casos, que actuó por razones estrictamente administrativas: fallas de gestión en un caso, incumplimiento de plazos estatutarios en el otro. Pero la coincidencia de método, el hecho de que las dos instituciones intervenidas pertenezcan a barrios populares de Rivadavia, y que en ambos casos terminaran corridas listas o comisiones que no respondían al esquema de poder territorial vigente, alimentan una sospecha que ya circulaba antes entre vecinos de distintos puntos del departamento: la de un poder municipal y provincial que interviene con más velocidad, y con criterios más flexibles a su favor, las instituciones de la periferia popular que las de otras zonas de Rivadavia.

La discusión sobre cómo se reparten los recursos y el control institucional en Rivadavia no debería reducirse a un problema técnico de planificación urbana o de cumplimiento de estatutos. Es, también, una discusión política. Cuando una periferia entera queda sistemáticamente por detrás del resto del departamento en servicios básicos, y además ve intervenidas una tras otra a las organizaciones que la representan, con listas opositoras rechazadas y comisiones removidas por métodos que sus propios protagonistas cuestionan, la pregunta que corresponde hacerse no es solo qué faltó construir, sino a quién le convenía, durante ocho años y los que siguen, que esa periferia nunca terminara de tener servicios propios ni voz propia.