San Juan en 24 horas: un bono de 600 millones de dólares comprado por mineras y once ex funcionarios notificados por la Justicia
Interés mensual de 4,7 millones de dólares, Operación judicial con el Acueducto Gran Tulum. La campaña rumbo a la gobernación dio inicio
El jueves, el gobierno de Marcelo Orrego cerró la mayor operación de deuda externa de la historia provincial. El viernes, la Justicia notificó a Sergio Uñac y Cristian Andino en la causa del Acueducto Gran Tulum, una causa en la que la provincia participa como querellante desde febrero. Dos movimientos, menos de 24 horas de diferencia y un solo beneficiario político visible.
Hay semanas que condensan lo que otros gobiernos procesan en años. La que acaba de terminar en San Juan fue una de esas. En menos de 24 horas, la administración de Marcelo Orrego protagonizó dos hechos de primer orden que, tomados por separado, son noticias importantes. Tomados juntos, configuran algo que excede la agenda de gestión y empieza a parecerse al inicio de una campaña.
El jueves 24 de septiembre, San Juan volvió al mercado internacional de deuda después de 27 años. Colocó un bono de 600 millones de dólares a 9 años con una tasa del 9,55% anual bajo legislación de Nueva York. La demanda superó los 1.037 millones de dólares. Entre los 67 fondos e inversores que compraron los títulos hubo bancos, empresas argentinas y compañías mineras. El gobernador Orrego lo anunció en sus redes como prueba de confianza en la provincia, respaldado en 21 años de superávit fiscal y en las perspectivas de los grandes proyectos mineros de la cordillera. El viernes 25, la Justicia notificó a 11 personas en la causa por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum. Entre los notificados están el senador nacional y ex gobernador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, dos de las figuras más relevantes del peronismo provincial y dos de los nombres que el uñaquismo baraja para enfrentar al orreguismo en las elecciones de 2027. El gobierno de Orrego participa en esa causa como querellante desde febrero de este año.
Para entender por qué la coincidencia importa, hay que leer cada movimiento en su propia lógica y después en la lógica del conjunto.
El bono es, en términos de mercado, una operación exitosa. La sobredemanda del 73% es real y el hecho de que la tasa conseguida haya quedado por debajo del costo implícito de financiamiento para la Argentina en ese momento tiene valor técnico. Pero el contenido de la operación es más complejo de lo que el comunicado oficial sugiere. Los fondos recaudados serán destinados, según fuentes financieras y el propio gobierno provincial, a obras de infraestructura vinculadas a las necesidades que genera el crecimiento de la minería en la provincia. Eso no es una interpretación periodística: es la descripción de destino que el propio gobierno le presentó a los inversores. El problema es lo que eso implica cuando se cruza con la composición de los compradores.
Las compañías mineras que adquirieron parte de los títulos son, al mismo tiempo, prestamistas de la provincia, beneficiarias directas de la infraestructura que esa deuda va a financiar y fuente principal de las regalías con las que San Juan deberá repagar el bono. El círculo es perfecto y cerrado: la minería le presta al Estado, el Estado construye infraestructura que reduce los costos operativos de la minería, la minería genera las divisas con las que el Estado devuelve la deuda a la misma minería. La provincia opera en ese esquema como intermediaria que transforma riesgo público, porque la coparticipación federal puede usarse como garantía del bono, en beneficio privado garantizado. Lo que el gobierno presenta como un logro de gestión es también, desde otro ángulo, una arquitectura financiera donde el capital extractivo gana dos veces: cobra intereses y recibe la obra. Josemaría y Los Azules todavía no producen. Las regalías que sostienen la promesa de repago todavía no existen. La deuda, sí.
La causa del Acueducto Gran Tulum agrega otra capa al cuadro. La investigación se abrió en diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un abogado privado. En febrero de 2026, el gobierno de Orrego decidió ingresar como querellante, es decir, eligió tomar parte activa en una causa que involucra a los principales referentes de la oposición peronista. No es una posición neutral: es una decisión política de perseguir judicialmente a los ex funcionarios del espacio que busca recuperar la gobernación el año que viene. Las notificaciones del viernes no son una imputación formal: son un paso procesal previo. Pero son el paso que marca el ritmo de lo que sigue, y ese ritmo acaba de acelerarse a menos de un año del inicio del ciclo electoral.
Los que recibieron la notificación de la Justicia no son ex funcionarios menores. Sergio Uñac gobernó San Juan entre 2015 y 2023, es senador nacional y es la figura de mayor gravitación del peronismo sanjuanino. Cristian Andino presidió OSSE en la etapa inicial del proyecto y su nombre circula dentro del Partido Justicialista como uno de los posibles candidatos a gobernador. Que ambos aparezcan como notificados en la misma causa, en la misma semana en que el gobierno provincial cierra la mayor operación financiera de su historia y la presenta como prueba de su solidez de gestión, no es una coincidencia que la política ignore. La oposición no lo ignorará. Los votantes tampoco deberían.
El Acueducto Gran Tulum pesa sobre este cuadro con una ironía adicional. Es una obra de infraestructura hídrica en el Valle del Tulum: el mismo valle donde la minería y la agricultura compiten por el agua subterránea que alimenta los proyectos que ahora respaldan el bono. La gestión anterior dejó un contrato con deuda de 200 millones de dólares, materiales cuya calidad está bajo investigación judicial y una obra inconclusa. La gestión actual tomó 600 millones de dólares en los mercados internacionales para construir infraestructura que sirve, entre otras cosas, a los mismos proyectos mineros que compraron los títulos. La pregunta que nadie está respondiendo es cuánto de esos 600 millones irá a obras que también beneficien a las comunidades que no son las mineras y cuánto irá exclusivamente a facilitar la operación de los proyectos que financiaron la deuda. El gobierno provincial tiene ese listado y todavía no lo publicó.
Lo que sí está claro es lo que estos dos días dejan como saldo político. Orrego arranca el ciclo preelectoral con 600 millones de dólares para gastar en infraestructura, con la narrativa de la solidez fiscal validada por los mercados internacionales y con los principales candidatos opositores transitando un proceso judicial en el que su propio gobierno eligió ser parte activa. Es un punto de partida formidable para una campaña de reelección. Si la semana pasada fue el ensayo general, el año que viene va a ser la función.
