Diez mil personas marcharon en San Juan por la universidad pública
El punto más visible de la jornada fue el acto en las escalinatas de la Catedral. Allí, la Orquesta de la UNSJ tocó mientras se leían documentos de la comunidad universitaria. La combinación de música y lectura de documentos dio al acto un tono cultural y político a la vez.
Se calcula que unas 10.000 personas marcharon en San Juan el jueves 15 de octubre para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización se sumó a la Marcha Federal Universitaria que recorrió el país ese día. El reclamo tiene un núcleo concreto: que el Gobierno cumpla una ley vigente, ratificada cinco veces en el Congreso, cuya aplicación inmediata ordenó la Justicia.
El punto más visible de la jornada fue el acto en las escalinatas de la Catedral. Allí, la Orquesta de la UNSJ tocó mientras se leían documentos de la comunidad universitaria. La combinación de música y lectura de documentos dio al acto un tono cultural y político a la vez. Los dirigentes sindicales del sector universitario tuvieron una presencia fuerte en el acto, lo que le dio un carácter gremial marcado.
La CGT no participó de manera orgánica. Solo se sumó un puñado de sindicalistas. La excepción fueron dos gremios universitarios de la central, ADICUS y el sindicato de no docentes universitarios, que marcharon con sus estructuras. El SIDUNSJ, de la CTA, también tuvo una presencia destacada. Un dato que marcó la jornada fue la gran participación de la Intersindical San Juan. La distinción importa porque separa la adhesión de una central sindical de la de sus gremios de base. En San Juan, la adhesión llegó desde los gremios universitarios y no desde la estructura de la central.
Durante la semana, el Gobierno provincial intentó restarle peso a la marcha desde los medios. Sostuvo que la movilización molestaba y que no había participación. Esa versión choca con la cantidad de personas que llegó a la Catedral y con la presencia de los gremios universitarios en el acto.
El contexto nacional explica la urgencia del reclamo. Según Chequeado, el gasto previsto para educación superior en 2026 está un 25,3% por debajo del de 2023 en términos reales. La docente Laura Carboni, de AGD-UBA, explicó que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva cobró en octubre $561.659 brutos, cuando la ley le correspondería $741.111, un 32% más.
La disputa judicial suma otro capítulo. Un día antes de la marcha, el juez Cormick fijó una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por presunto incumplimiento de la cautelar. La Cámara la suspendió provisoriamente mientras analiza la apelación.
Hasta ahora, el Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra manifestantes en Buenos Aires y apeló la multa, sin anunciar actualización salarial ni fondos. En San Juan, la jornada dejó en claro que el reclamo tiene respaldo gremial y social. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, repitió el pedido de que el Gobierno cumpla. Es el mismo pedido que la comunidad universitaria sostiene desde hace casi tres años.
