La ciudadanía no se vende: por qué el plan del Gobierno es rendirse

Cuando un Estado pone su ciudadanía en venta, ofrece en realidad su soberanía. Es la conclusión obligada frente al programa de ciudadanía por inversión que lanzó el Gobierno por decreto. Un pasaporte no es una mercancía, y convertirlo en una atenta contra el núcleo mismo de la independencia nacional.

La Constitución es clara: la definición de la ciudadanía es una atribución del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Y el sentido es evidente: solo los representantes del pueblo, tras un debate público con reglas ciertas, pueden definir quién integra ese pueblo. Un decreto que fija en dólares contantes y sonantes el precio de ser argentino vacía de contenido esa garantía básica.

¿Y cuál es el precio? 350.000 dólares de regalo al Tesoro, o 800.000 en bonos que el Estado se compromete a no cobrar. El Gobierno decidió, sin preguntarle a nadie, que eso es lo que vale la nacionalidad argentina. Decidió además que los controles migratorios son una herramienta fiscal, y que las necesidades de caja pesan más que la seguridad de las fronteras.

Porque el DNU no establece ningún estándar claro de debida diligencia sobre los aspirantes a comprar un pasaporte. El Ministerio de Economía, que diseñó la norma a puertas cerradas y que tiene urgencias más que evidentes, será el que defina qué es una «inversión relevante» y qué documentos hacen falta para acreditarla. Sin intervención del Congreso, sin criterios públicos y sin ningún vínculo con las políticas de seguridad y control.

Los riesgos son enormes. La posibilidad de que fondos de origen espurio ingresen al país es solo uno de ellos. El daño a la confiabilidad internacional de nuestro pasaporte es otro: ningún país serio ofrecerá visado automático a los argentinos si sabe que esa nacionalidad se consigue con un cheque. Pero el mayor peligro es el de crear una ciudadanía de primera y otra de segunda, con derechos distintos según el patrimonio.

Es lo que denunció el diputado Guillermo Michel cuando advirtió sobre una norma incluida en la última reforma laboral, que podría excluir del criterio de renta mundial a quienes obtengan la nacionalidad argentina mediante inversión. Es decir, los argentinos de toda la vida seguiremos tributando por nuestros ingresos dentro y fuera del país, pero los que compraron el pasaporte solo pagarán impuestos por sus rentas locales. Una ciudadanía VIP que paga menos, tramitada en una dependencia estatal que tendrá funcionarios venezolanos según trascendió, y digitada por una consultora que asesora al Gobierno y ofrece el programa en el mismo movimiento.

Ninguna urgencia fiscal, por más acuciante que sea, justifica poner la soberanía argentina en venta. Porque esto no es solo un problema migratorio, una discusión sobre requisitos y controles, una polémica por privilegios tributarios o un debate sobre el rol de los asesores. Todo eso existe y es grave, pero la cuestión de fondo es que la pertenencia al Estado, la membresía plena en la comunidad política que define la Constitución, pasó a tener un precio en dólares.