La Justicia ordenó levantar el paro de colectivos en San Juan y fijó multas de un millón de pesos por día

El juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, ordenó este jueves a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a las empresas agrupadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) suspender el paro y restablecer el servicio de colectivos en la provincia. La medida cautelar llegó a pedido de la Fiscalía de Estado, que presentó un amparo durante la mañana.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que la resolución obliga a las partes a normalizar el servicio una vez que sean notificadas formalmente. «Se ordena judicialmente la restauración de la prestación del servicio», explicó. Ante la consulta sobre si el gremio podía mantener la medida, respondió: «De poder, pueden, pero se exponen a la aplicación de una multa diaria de un millón de pesos». Advirtió además que el incumplimiento podría derivar en una causa penal por desobediencia a una orden judicial. Según la Fiscalía, la paralización afecta los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la circulación de miles de usuarios que no cuentan con otro medio de transporte.

El fallo no resuelve el reclamo salarial, que sigue en manos de la Subsecretaría de Trabajo. La audiencia de conciliación entre la UTA y ATAP comenzó a las 11:30 en la sede de calle Santa Fe y, a primera hora de la tarde, continuaba sin acuerdo.

El conflicto se originó porque los choferes cobraron septiembre con la escala salarial de abril, sin las recomposiciones acordadas desde mayo. Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de la UTA, sostiene que cada trabajador acumula una diferencia cercana a los 800.000 pesos. Antes de la audiencia, Ruiz fijó la condición para levantar la medida: «Cumplir con lo firmado». También rechazó una salida en cuotas. «Si nos vamos a sentar en una mesa para solucionar este problema, solucionemos todo de fondo», dijo a Diario Huarpe, y agregó: «Nosotros trabajamos, cumplimos, hay un acuerdo firmado y se debe cumplir».

Del lado empresario, Ricardo Salvá, de ATAP, afirmó que las compañías no pueden pagar la nueva escala. «No estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial», declaró. Según la cámara, el sistema tiene un desfasaje cercano a los 2.000 millones de pesos mensuales entre costos e ingresos, y desde junio pide al Gobierno provincial actualizar la estructura de costos. Ruiz respondió que ese análisis debería aplicarse «de octubre para adelante» y no afectar lo ya adeudado.

El Gobierno provincial intentó destrabar el conflicto con una oferta propia. La ministra de Gobierno, Laura Palma, contó que la provincia ofreció depositar las diferencias salariales de septiembre. Según dijo, el gremio no la aceptó y ella desconoce los motivos. Palma calificó el paro de ilegal porque no se comunicó formalmente y porque la UTA no acató la conciliación obligatoria. «No es la manera de reclamar un derecho perjudicando a un montón de trabajadores de la provincia de San Juan», sostuvo. Sin embargo, admitió que el reclamo de fondo podría tener sustento, porque existía una escala que debía aplicarse.

Rodolfo Colombo, jefe de asesores del Gobierno, sostuvo que los empresarios deben garantizar el servicio esencial y reconoció el derecho de los trabajadores a reclamar. «El Estado va a poner todo el esfuerzo, el diálogo y lo que tenga que hacer», afirmó.

Mientras tanto, los usuarios recurren a taxis, remises y aplicaciones, o directamente no pueden trasladarse. El Ministerio de Educación justificará las inasistencias vinculadas con el paro. La Cámara de Comerciantes Unidos estimó una caída cercana al 70% en la concurrencia a la Peatonal durante la primera jornada.

El regreso de los colectivos depende ahora de dos factores. Uno es la notificación formal de la cautelar a la UTA y a ATAP. El otro es el resultado de la negociación en Trabajo, donde el gremio insiste en que solo levantará la medida si recibe una propuesta concreta para cobrar lo adeudado.