La salud pública en San Juan: un sistema que sostiene a los que no tienen otra opción y falla donde más se necesita

Una encuesta de Ethos Consultora realizada entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre sobre 3.043 casos presenciales en el Gran San Juan puso en números algo que los pasillos del Rawson, del Marcial Quiroga o de cualquier CAPS de la periferia ya dicen a diario: el sistema de salud pública sanjuanino funciona a medias, y esa media le cuesta más cara a quien menos tiene.

El dato de superficie parece equilibrado. El 39,3% de los encuestados califica el servicio como bueno o muy bueno; el 38,2% lo califica como malo o muy malo. Empate técnico, diría cualquiera que se quede en la foto. Pero ese empate esconde una trampa de lectura. El 22,5% restante directamente no usa el sistema público, lo que significa que la muestra de aprobación se construye sobre una base de usuarios que, en muchos casos, no tienen alternativa. Cuando se segmenta por ingresos, la trampa queda al descubierto.

Entre los sectores que viven por debajo de la Canasta Básica Total, apenas el 7,5% no utiliza el sistema público. Es decir, casi toda esa franja de la población depende exclusivamente del Estado para atender su salud. La aprobación allí llega al 44,9%, pero el rechazo alcanza el 46%. Esa cifra tiene una traducción directa: casi la mitad de los sanjuaninos que no pueden pagar una consulta privada ni una obra social sale del sistema con una experiencia negativa. No eligen otra opción porque no la tienen. Aguantan, esperan, vuelven.

En el otro extremo, los sectores con ingresos por encima de la Canasta tienen un 31,1% que directamente no pisa un hospital público. Entre quienes sí lo usan, la aprobación supera a la desaprobación: 35,4% contra 30,5%. El sistema funciona mejor para los que lo usan de manera ocasional, como segunda línea, que para los que dependen de él todos los días.

Eso no es un accidente de gestión. Es la consecuencia previsible de un sistema que no tiene capacidad instalada suficiente para absorber la demanda estructural de los sectores más vulnerables. La atención primaria está saturada en los barrios donde más se necesita, y los tiempos de espera para turnos de especialistas se cuentan en semanas o meses, no en días.

El dato demográfico más preocupante del estudio es el que corresponde a los adultos mayores. El grupo de 64 años en adelante registra el índice de insatisfacción más alto de toda la encuesta: 43,2% de desaprobación. No es un dato menor. Los adultos mayores son el sector que más carga tiene sobre el sistema de salud pública: mayor frecuencia de consultas, patologías crónicas, polifarmacia, necesidad de seguimiento continuo. Son exactamente el grupo que más demanda y el que peor evalúa lo que recibe.

En el otro extremo, los jóvenes de 16 a 24 años son los más conformes, con 41,5% de valoración positiva. La lectura es simple: los jóvenes van al sistema con menos frecuencia, por patologías menos complejas y con menor necesidad de continuidad asistencial. Su experiencia es más puntual y, por lo tanto, más fácil de resolver bien.

La variable educativa agrega otra capa de análisis que las políticas públicas suelen ignorar. A mayor nivel educativo, menor uso del sistema público: quien tiene estudios universitarios evita el sector estatal en el 49,5% de los casos. Quien tiene primaria incompleta, solo en el 12,7%. Pero además, quienes tienen menor educación son los que peor evalúan el sistema que más usan: 57,8% de imagen negativa en el nivel primario. Esa combinación de mayor dependencia y peor experiencia define una población que está atrapada en un sistema que no le da respuestas.

El análisis territorial es donde el estudio deja de ser estadística y se convierte en política concreta. Capital tiene un diferencial positivo de 18,2 puntos, con 59,1% de aprobación. Chimbas tiene +18. Esos números reflejan la concentración de infraestructura de alta complejidad en el centro del Gran San Juan: el Rawson, el Marcial Quiroga, el De Niños, los institutos especializados están en la capital o cerca de ella. Quien vive ahí o puede trasladarse, accede a otro sistema.

Rawson, Pocito y Santa Lucía tienen balances levemente negativos. Son departamentos de alta densidad demográfica con centros de atención primaria que no dan abasto. La demanda creció con la población, la infraestructura no creció al mismo ritmo.

Caucete es el caso que exige una respuesta urgente. Saldo de -27,4 puntos. El 63,7% de desaprobación, con 12,6% de imagen muy mala, lo convierte en el punto de mayor crisis asistencial de toda la muestra. Caucete está a 50 kilómetros de la capital, tiene más de 60.000 habitantes y una red de salud que claramente no está a la altura de esa población. Cuando casi dos de cada tres usuarios del sistema público de un departamento lo evalúan negativamente, eso no es una percepción: es un diagnóstico.

Lo que el estudio de Ethos describe, en definitiva, no es un sistema de salud en crisis general sino un sistema con dos velocidades muy marcadas. Una para quienes viven cerca de los hospitales de referencia, tienen educación universitaria, ingresos medios y van al médico de vez en cuando. Otra para quienes viven en Caucete, en los barrios periféricos de Rawson o Pocito, tienen más de 64 años y no tienen obra social. Para ese segundo grupo, el sistema público no es una opción: es todo lo que hay. La pregunta que la política sanitaria provincial debería responder es por qué ese grupo es exactamente el que peor lo evalúa.