Lo que el Día de la Raza escondía: los huarpes siguen en San Juan

Cuando Juan Jufré fundó San Juan de la Frontera, en junio de 1562, los huarpes ya cultivaban el valle que llamaban Tulum. Sembraban maíz, zapallo y quinoa, y llevaban el agua del río hasta sus parcelas con acequias. Jufré repartió esas tierras regadas entre los primeros vecinos españoles, que construyeron la ciudad sobre el riego huarpe.

Hipólito Yrigoyen convirtió el 12 de octubre en Día de la Raza en 1917. Su decreto presentaba la llegada de Colón y la herencia española como el origen de la nación, y durante casi un siglo los maestros sanjuaninos repitieron esa versión en cada acto escolar. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 1584 y rebautizó la fecha como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde entonces, los docentes tienen un motivo oficial para enseñar quiénes vivían acá antes de 1492.

Los huarpes ocupaban buena parte de Cuyo. En San Juan hablaban el allentiac, y en el norte de Mendoza, el millcayac. Los laguneros vivían en las Lagunas de Guanacache, sobre el límite con Mendoza y San Luis, y pescaban desde balsas de totora. El jesuita Luis de Valdivia publicó en Lima, en 1607, una doctrina cristiana y un vocabulario en allentiac para evangelizarlos, y gracias a ese trabajo los lingüistas conocen hoy parte de la lengua. Los sanjuaninos la pronuncian sin saberlo cada vez que nombran Tulum, Zonda o Ullum.

Los encomenderos desarmaron ese mundo en pocas décadas. Obligaron a miles de huarpes a cruzar la cordillera a pie para trabajar en las chacras y las minas de Chile, y muchos murieron en el camino o se quedaron del otro lado para siempre. Los que permanecieron en Cuyo sirvieron en las haciendas y se mezclaron con los criollos. En el siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento planteó que el país debía elegir entre civilización y barbarie, y en su provincia natal muchas familias aprendieron a callar su origen. Durante buena parte del siglo XX, los historiadores dieron a los huarpes por extinguidos.

Las familias guardaron la memoria en los apellidos y en los nombres de los parajes. Guaquinchay, Talquenca y Ñerke pasaron de padres a hijos en Encón, en Guanacache y en los puestos de Sarmiento y Caucete. En 1994, los convencionales constituyentes incorporaron el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la posesión comunitaria de sus tierras. Con esa herramienta, las comunidades sanjuaninas pidieron su inscripción ante el Estado y empezaron a reclamar su lengua y su territorio.

Hoy hay comunidades huarpes en Caucete, Sarmiento, 25 de Mayo, Rawson y Rivadavia. Las Talas, Che Tayayko, Sawa, Aguas Verdes, Pinkanta, Arroyo Ñerke y Warpe Territorio del Cuyum figuran entre ellas. En septiembre de 2025, las comunidades eligieron a Edgar Echenique, de Las Talas, y a Trinidad Busto, de Che Tayayko, ambos de Caucete, para representar a San Juan durante tres años ante el Consejo de Participación Indígena.

A fines de septiembre, las comunidades Clara Rosa Guaquinchay y Salvador Talquenca, de El Encón, en 25 de Mayo, pidieron por nota integrarse a la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia. Temen que El Niño provoque crecidas del río San Juan. El cacique Miguel Ceferino Bustos y la presidenta Balbina Anyelén Arenas advirtieron que el Gobierno concentró las obras preventivas en el Valle de Tulum y dejó sin atender el tramo inferior del río, donde una crecida puede anegar viviendas y desbordar sobre la Ruta Nacional 20, además de afectar las fuentes de agua de los puestos rurales.

Los referentes basaron el pedido en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas antes de decidir sobre asuntos que los afectan. El director de Hidráulica, José María Ginestar, aseguró que los va a convocar. A principios de octubre, el jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, se reunió junto a Ginestar con la comunidad Pinkanta en Guanacache. Las comunidades de El Encón proponen además retener parte de la crecida con obras menores para devolverles agua a las lagunas.

Las comunidades también pelean por la propiedad de sus campos. En diciembre de 2024, Javier Milei firmó el Decreto 1083 y terminó con la emergencia territorial indígena que regía desde 2006 por la Ley 26.160. Esa ley obligaba al Estado a relevar los territorios de cada comunidad y suspendía los desalojos hasta completar la tarea. El Ejecutivo argumentó que las comunidades abusaron de esa protección y que la emergencia vulneraba el derecho de propiedad. Las organizaciones indígenas respondieron que el Estado dejó el relevamiento sin terminar y que el decreto expone a cientos de familias a juicios de desalojo. En Caucete, referentes huarpes reclamaron además el acceso a sitios sagrados que quedaron dentro de campos privados.

Si viajás por la Ruta 20 hacia Encón, vas a cruzar campos donde las familias Guaquinchay y Talquenca crían cabras desde mucho antes de que existiera la provincia. El Gobierno sanjuanino puede reconocer esa presencia con dos medidas: consulta previa en cada obra sobre el río y títulos comunitarios para las tierras que ocupan.