Marchese, rápido para sancionar a los trabajadores y paciente con las empresas que no pagan

Franco Marchese, subsecretario de Trabajo de San Juan, calificó como ilegal la retención de servicio de los choferes de la UTA antes del mediodía de este miércoles, sin expediente ni informes sobre el escritorio. Habló por teléfono desde Buenos Aires, donde estaba por razones laborales, anticipó una sanción grave y adelantó que la multa recaerá sobre el sindicato.

Los choferes reclaman el aumento del acuerdo salarial de septiembre, que según el gremio las empresas no pagaron. Sobre ese incumplimiento, Marchese no anunció multas ni plazos para las empresas: aclaró que su área no las sanciona y derivó el tema a la Secretaría de Tránsito y Transporte, que encabeza Marcelo Molina. Durante la jornada, la Subsecretaría dictó la conciliación obligatoria con la Resolución 198-ST-2026, que firmó el director de Relaciones Laborales, Marcelo Cerdera, a cargo del organismo en ausencia del subsecretario.

Con Bio Cordillerana, Trabajo se tomó su tiempo. Los 18 trabajadores de la planta de residuos patológicos de Sergio Vallejos, empresario y excandidato a gobernador, denunciaron a través del Sindicato de Obreros Químicos y Afines de San Juan, que conduce Mario García, sueldos pagados en cuotas, aguinaldos y vacaciones adeudados y la falta de obra social y ART en una actividad con riesgo biológico. El expediente entró a la Subsecretaría a comienzos de agosto y pasó por dos o tres conciliaciones obligatorias. La Intersindical sostiene que la propia empresa pidió la conciliación para frenar el paro, y a fines de agosto Trabajo la extendió otra vez cuando el gremio daba por vencidos los plazos. En los primeros días de septiembre, Vallejos se comprometió ante la Subsecretaría a saldar las deudas en 48 horas. No cumplió, y el 14 de septiembre los trabajadores se movilizaron frente a la planta del Parque Industrial de Chimbas, todavía sin cobrar completo y sin cobertura médica ni de riesgos.

Los vigiladores de Hunter Security pasaron por algo parecido. La empresa perdió la licitación del Hospital Rawson y el 31 de diciembre despidió a 118 trabajadores, algunos con más de 20 años de antigüedad. Liquidó las indemnizaciones con el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar la mitad cuando el empleador alega falta de trabajo no imputable. El gremio pidió el artículo 245, de indemnización plena, porque Hunter no acreditó la crisis que invocaba. Trabajo abrió una mediación, dictó la conciliación obligatoria y le dio a la firma diez días para presentar una propuesta. Las audiencias siguieron sin avances y los despedidos empezaron el año sin ingresos.

Al gremio que para, la Subsecretaría le exige preaviso de 24 horas, plan de contingencia y el 75% del servicio garantizado. Al empleador que no paga le ofrece cuartos intermedios, compromisos de palabra y una fecha nueva. Marchese le da tiempo a quien tiene que pagar el salario y apura a quien reclama cobrarlo.

La Provincia pone fondos en el transporte, como el boleto escolar gratuito, y hace bien: sin ese dinero miles de sanjuaninos no podrían viajar. Pero mientras el Estado sostiene a las empresas, el área que debe hacer cumplir la ley laboral apuntó primero contra los choferes. Las empresas de ATAP aseguran que pagaron los salarios, y este miércoles le reclamaron al Gobierno provincial una actualización de la estructura de costos, señal de que el conflicto excede a quienes manejan los colectivos.

Marchese depende del Ministerio de Gobierno de Laura Palma, que también tiene a cargo el transporte. La UTA había advertido días atrás que podía retener el servicio por el conflicto salarial, y ninguna de las dos áreas lo evitó.

El subsecretario ya apuntó contra este gremio otras veces. En mayo de 2025 anunció una multa de 51.900.000 pesos a la UTA por el paro de febrero de ese año. Sobre las empresas que dejaron a sus trabajadores sin cobrar, sin ART o con media indemnización, no trascendió una decisión de esa contundencia.

Estos conflictos empiezan a pesarle a un Gobierno que necesita paz social de cara a 2027. Para quienes viven de un salario, Marchese es hoy el peor funcionario del gabinete provincial, y en los lugares de trabajo ya lo reprobaron.