Usaron una escuela como calabozo el Día del Estudiante: la policía de San Juan y la lógica del encierro
La Escuela Fontana usada como calabozos para menores de edad
El 21 de septiembre, mientras más de 25.000 personas festejaban en el Parque de Mayo, la policía de San Juan habilitó un aula de la Escuela Luis Jorge Fontana como lugar de detención transitoria para adolescentes. No fue una improvisación de último momento. El comisario Pablo Torres lo dijo con todas las letras: es una práctica que «se realiza de manera habitual» en esos festejos. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, avaló la medida. El Ministerio de Educación no dijo nada.
La justificación oficial es que así se evita que los menores detenidos compartan espacio con adultos en una comisaría. Suena razonable. El problema es que esa justificación existe hace exactamente dieciséis días.
La Ley 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil, entró en plena vigencia el 5 de septiembre de 2026. Sancionada por el Congreso en febrero y promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 138/2026, la norma baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crea un régimen específico para adolescentes. Entre sus disposiciones centrales hay una que el Estado provincial parece no haber leído: la ley garantiza institutos de detención separados de los adultos y prohíbe que los adolescentes sean alojados en espacios no habilitados para ese fin. Un aula de escuela pública no es un instituto de detención juvenil. No tiene las condiciones, no tiene el personal especializado, no tiene la habilitación. Lo que la policía de San Juan hizo el 21 de septiembre no es una solución creativa a un problema logístico. Es una violación directa a la ley que el propio Gobierno nacional acaba de sancionar.
La norma establece que cualquier medida que afecte los derechos de un adolescente debe ser interpretada de modo restrictivo y excepcional, y que el adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal eficaz e idónea. En un aula improvisada como celda, en medio de los festejos del Día del Estudiante, ninguna de esas garantías estaba presente.
El argumento de la separación de adultos tampoco cierra. Si el Estado amplió la franja de imputabilidad hacia abajo, la obligación que viene con esa decisión es haber preparado los espacios adecuados antes de aplicarla. No después. No mientras tanto. La Ley 27.801 invita a las provincias a adecuar su legislación y su infraestructura al nuevo régimen. San Juan no lo hizo. Y cuando llegó el primer festejo masivo después de la entrada en vigencia de la norma, tapo el agujero con una escuela.
Hay otro dato que no es menor y que la geografía sanjuanina hace imposible ignorar. A menos de doscientos metros de la Escuela Fontana funciona lo que fue la vieja Legislatura provincial, uno de los cinco centros clandestinos de detención que operaron en San Juan durante la última dictadura militar. El RIM 22, la cárcel de Chimbas, la Central de Policía, la vieja Legislatura y La Marquesita: esos fueron los lugares donde el Estado organizó el terror entre 1976 y 1983. La escuela Fontana no es ese lugar. Nadie está diciendo que lo sea. Pero cuando la policía convierte un aula en un espacio de encierro para adolescentes, a metros de donde funcionó un centro clandestino, la distancia física entre ambos hechos se vuelve una incomodidad que el poder prefiere no mencionar y la sociedad sanjuanina no puede darse el lujo de ignorar.
La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció sobre esto en el caso Verbitsky: alojar adolescentes en espacios no habilitados para su detención es intolerable. No es una opinión de organismos de derechos humanos. Es jurisprudencia del máximo tribunal del país.
El comisario Torres también dijo que tienen «noción y fotografía de los grupos que vienen a esta zona y son conflictivos». Es decir, antes del festejo ya tenían identificados a los pibes. Ya tenían sus caras. Y tenían el aula lista.
Eso no es seguridad. Es vigilancia previa y encierro posterior en un lugar que no tiene ninguna habilitación legal para ese uso. Y si es habitual, como dijo el propio comisario, hay que preguntarse cuántos 21 de septiembre anteriores ocurrió lo mismo sin que nadie lo cuestionara.
Una escuela que se usa para encerrar no educa. Un Estado que convierte aulas en celdas no está protegiendo a los adolescentes. Les está enseñando, con el cuerpo, que el lugar donde van a aprender también puede ser el lugar donde los encierran. Ese aprendizaje no figura en ningún programa curricular, pero es el más difícil de borrar.
