Soberanía territorial y Universidad Publica
El 6 de octubre hay movilización a Tribunales. El 15, además de la sesión, marcha la universidad. Nadie milita para que un campo pase a manos extranjeras, y el financiamiento universitario no le responde a ningún sello: es el pibe de Jujuy que viaja dos horas para cursar y la familia de clase media que hace tres generaciones manda a sus hijos a la facultad.
Los excombatientes de Malvinas entraron a Tribunales por el suelo. En enero de 2024 consiguieron una cautelar que repuso la Ley de Tierras. Después un juez les dijo que no tenían derecho a reclamar. La Cámara Federal de La Plata les dio la razón y declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. El martes 29 de septiembre, la Corte Suprema les cerró la puerta con el mismo argumento del primer juez: no tenían legitimación. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no analizaron el fondo del asunto. Nadie sabe hoy, en la Argentina, si derogar la ley de tierras por decreto es constitucional. Lo que sí se sabe es el efecto: el tope del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, junto con las restricciones sobre campos de frontera y sobre tierras que rodean cuerpos de agua, dejó de existir.
La Corte aclaró después que su fallo «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154». Es exacto y no cambia nada. El CECIM lo dijo a su manera: la decisión «puso a la Argentina en venta». Un tribunal puede tener razón en lo procesal y producir, al mismo tiempo, el resultado más extremo. De paso, el fallo les advirtió a los jueces de abajo por reconocer legitimaciones «notoriamente alejadas» de su jurisprudencia, algo que considera una «grave transgresión del esquema de separación de poderes».
Un gobierno colgado de su propio decreto
El DNU 70/2023 no nació para vender campos, nació para gobernar sin pasar por el Congreso. Alquileres, góndolas, abastecimiento, prepagas, sector aéreo: todo eso salió por decreto en el primer mes de gestión. El Senado lo rechazó el 14 de marzo de 2024 con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Sigue vigente igual, porque la Ley 26.122 exige que lo rechacen las dos cámaras y Diputados nunca lo trató. Un decreto hecho para saltear el debate parlamentario quedó colgado de un debate parlamentario.
Si el 15 de octubre se juntan las 129 bancas del quórum y hay mayoría, no cae un artículo: cae el decreto entero, y con él vuelven las leyes que había derogado. El oficialismo dice que va a blindarlo y estudia reincorporar regulaciones de tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya está en Diputados, o sacar una norma nueva con sus aliados. Busca votos en la UCR, el PRO, Provincias Unidas y los bloques provinciales. Que un gobierno que hizo de la desregulación su bandera tenga que re-regular para no perder su propio decreto dice bastante. Bullrich ya se desmarcó y admitió que la oposición podría voltearlo.
Dos marchas que no se ordenan por color partidario
El 6 de octubre hay movilización a Tribunales. El 15, además de la sesión, marcha la universidad. Nadie milita para que un campo pase a manos extranjeras, y el financiamiento universitario no le responde a ningún sello: es el pibe de Jujuy que viaja dos horas para cursar y la familia de clase media que hace tres generaciones manda a sus hijos a la facultad. El Gobierno construyó buena parte de su capital político en la polarización y ahora tiene que responder a dos temas que no se dividen en dos mitades.
La semana pasada quedó a la vista. La comisión de Malvinas terminó a los gritos y a los forcejeos, mientras el artículo que permite vender suelo a extranjeros seguía vigente. Un sector del peronismo pidió juicio político para los jueces de la Corte, que es la peor respuesta disponible: si cada fallo adverso se contesta con una destitución, no queda Poder Judicial, queda otro tablero. El fallo salió mientras Milei estaba de viaje en Francia y la oposición leyó oportunismo. La coincidencia no prueba nada, pero mide la desconfianza.
Faltan unas veinte firmas, muchas de bloques que responden a gobernadores, y los propios diputados del centro admiten que no hay votos asegurados para ninguno de los tres temas del temario. La sesión está convocada, no hecha. El 15 de octubre se verá si el Congreso corrige por ley lo que la Corte dejó pasar, y si el Gobierno tiene algo más que la grieta para hablarle a dos reclamos que, esta vez, no son de izquierda ni de derecha.
