Paros, salarios y un gobierno que mira para otro lado: el conflicto universitario no encuentra techo

El ciclo lectivo 2026 arrancó con paro y no encontró todavía un mes sin medidas de fuerza. Lo que comenzó en febrero con 48 horas de huelga en el inicio de clases se convirtió en un conflicto que se profundiza semana a semana y que el Gobierno nacional parece decidido a no resolver.

El detonante más reciente fue la oferta salarial que el Ministerio de Capital Humano presentó en la mesa paritaria: un aumento del 3% para septiembre. Los gremios lo rechazaron de inmediato, con un argumento concreto sobre la mesa: los salarios docentes y no docentes acumulan una caída de entre el 25 y el 35% de poder adquisitivo desde que Milei llegó a la presidencia. Frente a esa brecha, el 3% no era una propuesta, era una provocación.

El 2 de septiembre, docentes y no docentes de unas 60 universidades públicas del país fueron al paro de 24 horas. Los gremios calificaron la oferta de «vergonzosa» y dejaron en claro que no había margen para aceptarla. La reunión paritaria del 17 de septiembre, convocada por el Ministerio, no cambió nada. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, mantuvo la propuesta del 3%, que CONADU, FEDUN, UDA y el resto del Frente Sindical Universitario rechazaron por unanimidad en unos veinte minutos.

El Frente Sindical Universitario —compuesto por Conadu, Conadu Histórica, Ctera, FAGDUT, FATUN, UDA y FEDUN— acordó dos jornadas de paro para los días 18 y 22 de septiembre y diferentes protestas a lo largo de 23 días, con eje en el Palacio de Tribunales, donde se presiona para que el gobierno cumpla la medida cautelar que lo obliga a actualizar salarios de docentes y no docentes a los niveles previos a la asunción de Milei. La convocatoria a la Quinta Marcha Federal Universitaria quedó fijada para el 15 de octubre.

Los gremios de la UBA anunciaron 23 días de paro escalonado, uno por cada facultad, desde el 21 de septiembre al 22 de octubre. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, insistió en que el Gobierno cumple con las medidas cautelares. Los gremios dicen que miente.

El trasfondo presupuestario agrava todo. Los rectores reclaman 11 billones de pesos frente a los 7,3 billones que el Gobierno asignó en el proyecto de Presupuesto 2027. Para el referente de ADUBA, Emiliano Cagnacci, «están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios», y advirtió que eso derivará en «un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y un futuro incierto».

No es la primera vez que la universidad sale a la calle. Esta será la Quinta Marcha Federal Universitaria. Las anteriores fueron en abril y octubre de 2024, en septiembre de 2025 y el 12 de mayo de 2026. Cuatro marchas masivas y el conflicto sigue igual.

El enojo en los pasillos de los preuniversitarios

Hay una tensión que los gremios conocen bien y que aparece cada vez que el conflicto se extiende demasiado. Los padres de los alumnos de los colegios preuniversitarios de la UNSJ llevan meses organizados, y su enojo tiene destinatario visible: los docentes. Ese es el problema.

Un colectivo de alrededor de 15 familias se organizó para visibilizar el impacto directo de las medidas de fuerza en la trayectoria escolar de los estudiantes. Verónica Figueroa, madre de un alumno preuniversitario, fue clara en el punto: «No estamos en contra del reclamo, entendemos que el reclamo es justo. Estamos en contra de que nuestros hijos no puedan tener su derecho a la educación». El fenómeno ya se traduce en un éxodo: alumnos que se trasladan a colegios técnicos, a instituciones privadas o a otras escuelas de gestión estatal. Otros directamente no pudieron acreditar contenidos y se llevaron materias porque los paros imposibilitaron alcanzar los mínimos requeridos.

La frustración de esas familias es comprensible. Lo que no es comprensible es el ángulo desde el que la expresan. Reclamarle al docente que cobra salarios que no le alcanzan para llegar a fin de mes es apuntar en la dirección equivocada. El que debe garantizar el financiamiento de la universidad pública es el Estado nacional, no el trabajador que enseña en ella.

La secretaria académica de la UNSJ, Rosa Ferrer, lo dijo con precisión: «Es justa la preocupación de padres, pero estamos inmersos en una Universidad devastada en su presupuesto y que tiene un ahorcamiento en todos sus lineamientos». La vicerrectora Andrea Leceta habló de «colisión de derechos» y reconoció la tensión, pero no esquivó la raíz del problema.

La Ley de Financiamiento Universitario existe. Fue aprobada por el Congreso y el Poder Ejecutivo no la cumple. Hay una medida cautelar judicial que obliga al Gobierno a actualizar salarios y el Gobierno la ignora o la interpreta a su conveniencia. En ese contexto, pedirle a los docentes que no paren es pedirles que resignen el único instrumento de presión que tienen frente a un Estado que los está empobreciendo por decisión política.

Los padres de los preuniversitarios tienen razón en que sus hijos no pueden ser los únicos que paguen el costo de este conflicto. Pero el que les está cobrando ese costo no es el docente que para. Es el Gobierno que no paga.